Aidesep: comunidades indígenas demandan cierre del proceso de formalización minera
El 45% del oro que exporta el Perú es ilegal. Cada año, 185 toneladas métricas de mercurio son vertidas a los ríos del Amazonas, y el REINFO con sus constantes ampliaciones solo ha empeorado la situación.
Las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, afectadas por la minería ilegal del oro, han demandado el inmediato cierre del proceso de formalización minera, derogatoria de normas que favorecen a la minería ilegal, así como la nulidad de los petitorios y concesiones mineras otorgadas en sus territorios, mayor presupuesto para las acciones de control (interdicciones) y establecer un sistema de trazabilidad de oro.
Durante el III Encuentro entre AIDESEP y las Autonomías Territoriales (GTA), "Defensa de la Amazonía ante el infierno minero", el presidente de AIDESEP, Jorge Pérez Rubio, dijo que los pueblos asentados en el Oriente extenderán un pliego al Gobierno central para detener toda forma de actividad minera, legal o ilegal, en sus territorios, además de lanzar un llamado para que la comunidad internacional exija una mayor trazabilidad de los envíos de oro peruano.
"Hay regiones que están siendo fuertemente afectadas en los últimos 15 o 20 años, y la respuesta de la comunidad internacional es bastante laxa. Existen instituciones multilaterales, y es ahí donde se tiene que exigir el cumplimiento de los estándares ambientales", relató Pérez Rubio.
Clauber Tangoa, líder del gobierno territorial autónomo de la Nación Sahwi, “pidió reconocer un escenario en que la minería ilegal en la Amazonía libera más de 185 toneladas métricas de mercurio al año, contaminando ríos, suelos y provocando graves problemas de salud, como cáncer, malformaciones y problemas neurológicos, sobre todo en niños y mujeres". En este punto, el REINFO solo ha servido para encubrir a los mineros ilegales, advirtió.
Repercusiones en el ecosistema
El impacto ambiental es devastador: 22 ríos amazónicos han sido contaminados, afectando la biodiversidad y el equilibrio ecológico que las comunidades indígenas han protegido durante siglos. "Esta situación se ve gravemente comprometida debido a que el precio global del oro continúa en aumento, y el 70% de lo que exporta el Perú viene del mercado ilegal” refirió Tangoa.
Alfredo Vargas, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) denunció en tanto que el Gobierno peruano “tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas”, sin que ello le impida otorgar derechos sobre territorios comunales de manera inconsulta.
Vale precisar que, en la región, existen más de 30.754 concesiones mineras tituladas y 9.428 en trámite, muchas de ellas ubicadas en territorios indígenas y áreas protegidas. Así, la minería ilegal ha afectado más de 2 millones 491.390 ha, con la deforestación de 115.000 ha de bosques.
Esta situación ha dejado a las comunidades locales vulnerables ante la destrucción ambiental. Además, más de 84.529 mineros informales operan en la Amazonía peruana, de los cuales 64.255 han sido suspendidos del proceso de formalización.
Se busca exigir la trazabilidad del oro peruano
Por su parte, el presidente del Gobierno Territorial Autónomo Awajún, Gil Inoach, enfatizó que el punto de quiebre llega porque solo se han destinado, localmente, unos S/80 millones para la lucha contra la minería ilegal e interdicciones en la selva, presupuesto nueve veces inferior a los S/700 millones destinados por las autoridades y el gobierno para la represión de conflictos sociales. Uno de los principales pedidos es que se exija la trazabilidad del oro peruano para su importación Suiza, Estados Unidos, India y Arabia Saudita.
"Hemos solicitado a las embajadas de Suiza, USA, India y Arabia Saudita que suspendan sus compras hasta que garanticen que el oro que compran no destruya la Amazonía. En 2025 las estrategias se van a radicalizar, con la articulación para la movilización nacional, y la constitución de guardias comunitarias para la interdicción directa a las mineras. Eso generará un caos social", subrayó Inoach.
El encuentro, que agrupó a diversas organizaciones de defensores y comunidades de la Amazonía peruana, fue organizado por AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, y las Autonomías Territoriales (GTA).