El año nuevo trajo consigo el candado para el libre retiro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gestado en la pandemia para que las familias afronten la crisis, y que fue extendido hasta diciembre del 2023. Pasada la hecatombe sanitaria, desde el Congreso de la República pugnan por autorizar una nueva disposición.
A través del PL N° 7010, nacida en el seno de Acción Popular, proponen un único desembolso de hasta el 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2024, alegando que ahora urge cubrir las necesidades económicas causadas por la recesión.
Esta iniciativa se une a un cuarteto de proyectos anidados en el Poder Legislativo, incluido un texto sustitutorio aprobado a inicios de noviembre en la Comisión de Trabajo.
Pasión Dávila (BM), presidente de este grupo, señala a La República que la Comisión Permanente desde hace dos semanas no convoca a reuniones, por lo que no hay luces sobre si se debatirá la propuesta.
El economista y docente Armando Mendoza considera adecuado prolongar el retiro de la CTS, ya que atravesamos un lento periodo de recuperación económica, incluso más grave que en 2020, y persiste la precariedad laboral ante la caída del empleo adecuado y menores ingresos.
“Debería ser un año de recuperación, pero no está garantizado. Muchos peruanos ya se comieron sus ahorros. Es un alivio la liberación (de la CTS) para las economías familiares, pero no sustituye que tengamos un empleo bien pagado e ingresos adecuados”, afirmó.
Vale añadir que el saldo de depósitos en cuentas CTS se contrajo de S/17.000 millones en diciembre de 2020 a S/6.600 millones al final de 2023, según la data de SBS y Asbanc, recogida por el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.
Mendoza recuerda que la CTS se creó como un autoseguro de desempleo, pero ante la adversidad latente, debe darse una licencia para “gastar lo que es tuyo”, lo cual no debe interpretarse como una gracia o generosidad del Estado, ya que es producto del trabajo de cada uno.
Un panorama similar se contempla con el sonado sétimo retiro de la AFP —anclado al debate de la reforma previsional, a criterio de la Comisión de Economía—. Mendoza señala que en el corto plazo puede mitigar los embates del alza de precios y capacidad adquisitiva recortada, aunque se desprotegen los ahorros para la jubilación.
PUEDES VER: Banco de la Nación, febrero 2024: revisa AQUÍ el cronograma de pagos de sueldos y pensiones en el Estado
“¿Cuál es el gran apoyo que le está dando el Estado a las economías familiares? En el sentido de urgencia, sí, permitamos el retiro de la AFP. Hay que permitir que la gente que esté en situación de problemas con su economía busque alguna clase de alivio. Tampoco es que sea una solución maravillosa porque se comen sus ahorros previsionales”, añadió.
Desde la Asociación de AFP (AAFP) son reacios y alegan que el enfriamiento del PBI no amerita una nueva liberación de fondos, pese a que reconocieron que “las tasas de crecimiento por debajo de lo esperado es un problema”.
Mendoza advierte que el Estado se adentra a una crisis fiscal por la ineptitud del sistema tributario —traducido en menores ingresos al fisco— y aumento de los gastos, agravada por “la irresponsabilidad política encabezada por el Congreso”, que repartió “favores tributarios”.
Con ello, se tendrán que ajustar los gastos y, con la presión constante sobre la caja fiscal, no hay espacio ni recursos para dar bonos o ampliar la cobertura de programas existentes.