El Pleno del Congreso tiene en su agenda el dictamen que propone eliminar el cobro de comisión por transferencias interbancarias y pago de tarjetas de crédito, aprobado en la Comisión de Defensa de Consumidor (Codeco). La iniciativa alcanza a todos los actores del sistema financiero, con excepción de las cajas de ahorro y cooperativas, y ha sido cuestionada por expertos e instituciones como la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De acuerdo a Jorge Delgado, presidente de Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), el cobro de esta comisión se sustenta en que el servicio de transferencia no es gratuito para estas instituciones involucradas, sino que se debe costear el trabajo de la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), encargada de catalizar las transacciones y hacer que sea un proceso transparente y seguro.
Mientras que Elias Varas, presidente de Codeco, dijo que el marco legal vigente es general y ambiguo, y deja en desprotección a millones de peruanos: "Las instituciones financieras vienen aplicando el cobro de comisiones sin tener en cuenta lo dispuesto por la Ley N.° 31143, y las normas específicas de la SBS y Administradoras Privadas de los Fondos de Pensiones”.
Cabe precisar que la medida reúne los proyectos de ley de Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) y de Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular).
Por su lado, el Banco Central de Reserva (BCR) ha manifestado que la medida afectará a la interoperabilidad del sistema financiero en perjuicio de los usuarios, ya que reduciría las posibilidades de realizar pagos a través de dispositivos móviles o el desarrollo de innovaciones tecnológicas.
Asimismo, el MEF ha señalado que la propuesta “contraviene el artículo 59 de la Constitución Política del Perú, sobre la libertad de empresa, en particular sobre la libertad de organización que comprende la política de precios”.
“Remover la simple posibilidad de cubrir los costos asumidos, es una receta para el retroceso y el estancamiento, ya que el cobro de comisiones por transferencias interbancarias es el costo de la calidad y seguridad del servicio”, remarcó Delgado.
Por su parte, el abogado Erick Urbina, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Lima, coincidió con la posición del MEF. “A mi juicio es un proyecto inconstitucional porque, por un lado, atenta contra el derecho a la libertad de contratación que está protegido y reconocido en la Constitución peruana, así como también al libre mercado”, comentó.
De acuerdo con el constitucionalista, este punto ha sido materia de múltiples pronunciamientos del Tribunal Constitucional (TC) y aseguró que, de aprobarse esta iniciativa, el máximo intérprete de la Carta Magna podría declarar su inconstitucionalidad. “Pero eso después de un tiempo, en el cual la ley va a surtir efectos y esto podría causar un perjuicio, no solamente a los bancos, sino principalmente a los usuarios”, puntualizó Urbina.