Enfoque. Christian Sánchez, Exministro de Trabajo
No es cierto que la remuneración mínima vital dependa solamente del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), ya que tras larguísimas discusiones y debates en sesiones, está prácticamente cerrado dentro del Consejo el debate técnico entre los actores sociales, quienes se han puesto de acuerdo en todos los aspectos de los dos componentes de la fórmula para reajustar la remuneración mínima vital, que son el costo de vida o inflación y la productividad.
Durante años debatieron, faltaron pequeños detalles. En mi gestión se reinició el diálogo, eso ya está cerrado, pero lo que falta es lo otro importante, que es que el Gobierno apruebe un decreto supremo donde se establece que esa fórmula, en una determinada periodicidad, obliga al Estado Peruano a reajustar la remuneración mínima vital de acuerdo a criterios objetivos y no políticos.
Eso no depende del CNT, sino de la presidenta Boluarte. Los actores sociales ya hicieron su trabajo y consensuaron los criterios técnicos de la fórmula; solo falta la norma que establezca con qué periodicidad se va a revisar.
Tiene que hacerse una norma para que este tema no dependa de la voluntad de un presidente, sino que esté en función a criterios objetivos y a momentos que están establecidos en una norma y que no dependa de un gobernante, porque no somos un virreinato ni una monarquía, sino una república.
Desde que entró en vigencia, la Constitución Política del 93 establece que el Estado aprueba las remuneraciones mínimas vitales, las cuales son consensuadas con los actores sociales; no nace de un capricho de un gobernante, sino del diálogo social que aprobó el mecanismo técnico, el cual estuvo aprobado desde hace muchos años, solo había pequeños detalles y funciones técnicas muy precisas que el Poder Ejecutivo pudo haber resuelto hace muchos años y que no lo quisieron hacer. Está la pelota en la cancha del Ejecutivo, ¿lo quiere hacer o no? Es así de simple, es cuestión de voluntad política del Poder Ejecutivo, ni siquiera del Congreso de la República.
Daría mayor predictibilidad y no estaría librado a los gremios empresariales o de los trabajadores, sino a criterios objetivos que no dependen de una negociación política. Los trabajadores no tienen por qué ser manipulados políticamente por ningún gobierno de turno.
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Enfoque. Jorge Toyama, Abogado laboralista
Lo que hay que rescatar es que se va a someter al Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Lo que dice la Constitución, y nunca ha pasado, es que el mínimo vital se vea en el CNT y que idealmente las partes sociales, empresas y sindicatos, lleguen a un acuerdo; esa es la parte positiva.
El problema es que reinstalándose el CNT se pone en la mesa un tema complejo y difícil como es la remuneración mínima vital. Si se está reinstalando el CNT, no parece tan razonable empezar por un tema tan polémico para las partes donde es difícil que haya un acuerdo.
Los sindicatos evidentemente quieren el aumento, mientras las empresas no lo quieren y dicen que todavía no se dan las condiciones, que no se han recuperado de la pandemia y que hay sectores, como pesca o textil, que están complicados. Cada uno tiene sus argumentos, lo que finalmente genera es que es poco probable que en el corto plazo haya un acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo y, sin acuerdo, la presidenta va a tener que decidir si da el aumento sin acuerdo o si sigue apostando en discutir este año y quizás el otro año lograr un acuerdo de aumento. En el corto plazo, es muy remoto que las partes lleguen a un acuerdo del mínimo vital.
Debe haber una ley de mínimos vitales que brinde transparencia y sostenibilidad. En esa ley debe decir que todo debe pasar por el CNT y, por ejemplo, cada dos años, en función a tales variables, en octubre o noviembre se fija el mínimo vital y es vigente el próximo año. Es mejor ser transparente y tener reglas claras, que vivir en una incertidumbre donde el mercado de trabajo, los sindicatos y empresas dependen del perfil y las necesidades políticas de gobernanza. De esta manera, las empresas pueden prever, planificar y ya saben que cada dos años hay aumento.
Lo primero es discutir las condiciones del mínimo vital y ojalá las partes se pongan de acuerdo, si no, el Congreso o el Ejecutivo debería dar una ley de mínimo vital y, con eso, generar transparencia y predictibilidad.
Hoy en día, las empresas luchan para que cada vez que se discute este tema se dilate, se pierda la discusión y ganan meses y los trabajadores desesperados para que se ponga en la mesa. Lo cierto es que siempre habrá un aumento de la RMV, el tema es: le pongo reglas o vivo como hasta hoy, de acuerdo a los designios políticos.