A febrero de 2023, 151.017 empleadores del sector privado no cumplieron con depositar los aportes de sus trabajadores a su fondo de pensiones, reveló la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AAFP).
De esta manera, el sector privado adeuda S/18.433 millones, afectando a 1 millón 202.028 afiliados, quienes no han visto dichos aportes en sus cuentas individuales, a pesar de que aquellos fueron descontados de sus sueldos.
Ante este escenario, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el reglamento que autoriza a las empresas a acogerse al régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones (Repro AFP Privado). El plazo máximo para acceder a este beneficio es el 31 de diciembre del 2023; además, la deuda será actualizada aplicando la rentabilidad promedio del fondo 2 de las AFP. Se podrá pagar en cinco años.
No obstante, esta facilidad está pensada solo para los aportes que no se hayan pagado a las AFP hasta el 31 de diciembre del año pasado. Por ende, para las deudas que se hayan generado a partir del 1 de enero de 2023 no se podrá acceder a este beneficio.
“En el supuesto de que las empresas privadas tengan deuda de pago de los aportes a las AFP en el presente ejercicio del 2023, las AFP podrán requerir dichas deudas de pago de aportaciones previsionales con sus respectivos intereses moratorios a través de los procesos de cobranza judicial”, advirtió Ivan Parédez, abogado senior de Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría.
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El incumplimiento de una obligación en materia previsional es considerado como infracción muy grave por parte de la Sunafil, por lo que la empresa puede ser sancionada económicamente si la entidad inspectora corrobora la falta.
Brian Ávalos, socio del Área Laboral de Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Abogados, detalló que la multa dependerá del tipo de empresa y número de trabajadores afectados por el no pago de los aportes de las AFP.
“Puede tener una multa aproximadamente de S/13.000 si afecta entre uno y diez trabajadores, y podría llegar a S/260.000 si son más de 1.000 trabajadores afectados”, acotó el laboralista para La República.
Según el laboralista Ivan Parédez, el trabajador afectado también podría interponer denuncias penales contra el empleador por el delito de apropiación ilícita de los aportes previsionales, lo que generaría que pague inmediatamente su AFP.
Además, anotó que, si el empleador no realiza el aporte, “lo que generaría es que —en puridad— el trabajador ‘pierda’ el seguro de invalidez y de sobrevivencia al no acreditarse aporte previsional alguno en sus CIC”.