INEI: desnutrición crónica volvió a elevarse después de 12 años

La desnutrición crónica afectó al 11,7% de las niñas y niños menores de 5 años de edad en el país, un 0,2% más que en el bicentenario, mientras que la obesidad y el sobrepeso subieron 0,5%, según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del INEI.

Además, se incrementó la anemia en la población de 6 a 35 meses (+42,2%), un 3,6% mayor que el año previo.

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Para el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), las cifras son preocupantes —pese a no ser estadísticamente significativas— porque no solo reflejan un problema de salud pública, sino que se afecta el desarrollo del capital humano y, por lo tanto, el futuro del país.

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“Después de casi 12 años de haber tenido una reducción importante de desnutrición crónica en el país, por primera vez estamos viendo una tendencia al incremento. Lo grave es que al final muestra la inequidad dentro del país”, señaló Lena Arias, oficial nacional de Nutrición, Salud Pública y Agricultura Familiar del PMA, a La República.

¿Dónde hay más hambre?

Los departamentos que presentaron mayor incidencia de desnutrición crónica son Huancavelica (29,9%), Loreto (21,8%) y Amazonas (21,7%). Mientras que se registró una menor incidencia en Tacna (2,8%) y Moquegua (2,9%). Además, la insuficiencia de hierro en la sangre afectó sobre todo a los niños y niñas de Puno (67,2%), Ucayali (65,8%) y Huancavelica (65,0%).

Por otro lado, el investigador del IRD, Javier Herrera, advirtió que en 2022 también hubo un repunte del déficit calórico —que mide si el hogar tiene dificultades para cubrir sus necesidades alimentarias—, ya que pasó de 32,1% a 36,2%; y que es más agresivo el hambre en el área urbana —agrega— porque alcanza al 80% de sus viviendas, que gastan más cotidianamente respecto al área rural.

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Atenuar los impactos

Arias sostiene que la pandemia reveló que había una gran inequidad y vulnerabilidad en la población, con especial foco en quienes viven en zonas rurales y periurbanas. Luego, el alza internacional de los fertilizantes, la inflación y la crisis climática han agravado la situación.

“Acabamos de pasar la situación del Yaku y se nos aproxima el fenómeno de El Niño. Estamos con diferentes frentes abiertos de factores que han generado esta situación y que definitivamente van a ameritar repensar o por lo menos intensificar las políticas que están destinadas a reducir la malnutrición y la inseguridad alimentaria”, dijo.

¿Cómo minimizar el impacto? Fortaleciendo las intervenciones de los sistemas de salud y de protección social como Juntos, Qali Warma y Vacuna Más, así como reevaluar la ampliación de su cobertura, agrega.

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Se tiene que acelerar la discusión de si las ollas comunes serán parte del programa de complementación alimentaria, promover el acceso al arroz fortificado, y luego están las políticas productivas vinculadas a la agricultura familiar, pues aunque abastecen el 80% de lo que consumimos son población en pobreza, por lo que se tiene que asegurar su acceso a los mercados a precios justos, concluyó.

Proponen contratar a ollas comunes

La congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) busca que el Estado contrate a las ollas comunes para sus programas sociales.

Según el PL 5072, presentado recientemente, las entidades públicas que requieran los servicios de alimentación bajo la modalidad de concesión podrán contratar directamente a las ollas comunes y comedores populares.

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“Es necesario impulsar mecanismos de reactivación económica de los sectores más vulnerables de nuestro país (…) como una forma de luchar contra la pobreza”, sustenta.

Recordemos que las ollas comunes cobraron más protagonismo durante la pandemia.

La palabra

Lena Arias, Oficial nacional de Nutrición, Salud Pública y Agricultura Familiar del PMA

“De los US$10.500 millones que le ha costado al país la malnutrición (al 2019), el 70% se debe a la pérdida en productividad, que es clave cuando se mide el desarrollo de un país”.

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