Desde el inicio de la pandemia, la ropa importada desde China y Bangladesh no dejó de ingresar y de copar el mercado, pese a las restricciones del coronavirus, al punto que las prendas asiáticas representaban 9 de cada 10 unidades vendidas en Gamarra, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Y, durante 2022, la importación de confecciones chinas totalizaron US$573 millones, un 24,2% más que lo registrado en el bicentenario; con una variación de 11,1% en el total de producción desde 2019. Caso contrario sucede con la industria local, donde hay una contracción de 19,6% en la fabricación de prendas comparado al año prepandemia.
En ese sentido, el Indecopi remitió hace meses un informe en el que recomendarían aplicar salvaguardias a las prendas importadas desde China, ya que representan una amenaza para la producción peruana, y está en manos de la Comisión Multisectorial del Poder Ejecutivo — compuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Producción (Produce) y Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) — tomar una decisión final.
Según la Organización Mundial de Comercio (OMC), la salvaguardia permite acabar con la competencia desleal al comprobarse que un determinado producto importado amenaza a la producción de una industria local; por lo cual se les debería elevar los aranceles o aplicarles restricciones al ingreso de su mercancía.
Juan Carlos Mathews, exviceministro de Mype e Industria, comenta a La República que la Comisión del régimen de Dina Boluarte debe demostrar que ha habido un crecimiento explosivo de la importación de ropa asiática y el daño a la producción peruana.
A su juicio, se deben respetar los criterios técnicos de la OMC y "no aplicarlos porque sí", ya que es más que probable que China aplique lo mismo con otros productos como los alimentos y minerales que les exportamos.
Y, respecto a la tasa — actualmente del 11%, aunque debería ser del 30%, según las mypes de Gamarra— debe ser justa y correcta y ajustarse una vez pasado un determinado tiempo.
Tanto los gobiernos de Francisco Sagasti y Pedro Castillo tuvieron la oportunidad de resguardar a las mypes nacionales frente a la ropa china, pero no aplicaron las salvaguardias pese a recomendaciones del Indecopi.
"Es falso que las salvaguardias sean peligrosas, como dijo el ministro Alex Contreras (MEF). Se va a garantizar el comercio justo. Pedimos a Dina Boluarte que lo aplique porque ni siquiera hay políticas de industrialización o de financiamiento barato para competir contra los precios chinos", dijo a este diario Valeria Mezarina, directora de la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas (Apic-Gamarra).
Mezarina recuerda que son un millón de empleos en la cadena textil confecciones a nivel nacional, repartidas en cerca de 100.000 mypes, los que peligran de no protegerse a la industria local.
"Por ejemplo, un jean nos cuesta 25 soles para producirlo, mientras que uno traído de China entra en promedio por dos dólares. El gobierno no se reúne con las mypes de Gamarra, sino con los afiliados a Confiep. Pero para cobrarnos impuestos sí están. Falta labor de inteligencia comercial y aduanera", concluyó.