El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció el lanzamiento de un decreto supremo para establecer una serie de medidas que busquen reducir la “utilización indiscriminada” de la tercerización y fortalecer la protección de los derechos laborales.
De acuerdo a la ministra Betssy Chávez, el proyecto “nace a partir del recojo de las demandas que ponen en valor el trabajo digno, en el marco de los compromisos que tiene el Estado”. La iniciativa plantea que el ámbito de la tercerización de servicios se circunscriba a aquellas actividades especializadas u obras vinculadas a la actividad principal de una empresa, pero que no tienen por objeto el “núcleo del negocio”.
Para el Ejecutivo, el “núcleo del negocio” forma parte de la actividad principal de la empresa, pero por sus características no corresponde a las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de tercerización con desplazamiento. Las empresas tendrán un plazo máximo de 180 días para adecuarse a las nuevas disposiciones, periodo en el que deberán garantizar la continuidad de todos los contratos de trabajo.
Asimismo, el ministerio sostiene que el DS 006-2008-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley de Tercerización, no contempla una definición clara acerca de qué se entiende por “actividades especializadas y obras” que pueden ser objeto de tercerización, lo cual lleva a que el ámbito de aplicación de esta figura “se extienda prácticamente a la totalidad de las actividades principales de una empresa”, abarcando incluso aquellas actividades que forman parte del ”núcleo del negocio”.
Pese a que la iniciativa fue anunciada como parte de un compromiso con el sector, desde la CGTP no están de acuerdo. Gerónimo López, secretario general, aseguró que se trata de una ley de parte que no cuenta con la venia de los sindicatos.
”Lo que nosotros exigimos es la eliminación total del régimen de tercerización, que tanto daño hace a los trabajadores por dejarlos sin sus derechos más básicos”, manifestó.
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