El Gobierno de Cuba aprobó el pasado viernes un decreto de ley que autoriza el funcionamiento de las pymes privadas y estatales, viraje en su política económica que representa un paso más hacia las reformas anunciadas en la isla, donde predomina la empresa pública.
“El Consejo de Estado aprobó el decreto-ley ‘Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas’, que facilita su inserción de forma coherente en el ordenamiento jurídico como actor que incide en la transformación productiva del país”, reza un comunicado en la página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.
Según información recogida por AFP, la asamblea cubana determinó que las pymes podrán ser estatales, privadas o mixtas y que las microempresas podrán tener de uno a diez empleados, las pequeñas, de once a treinta y cinco personas, y las medianas hasta cien trabajadores.
“Seguimos dando pasos firmes en la actualización del modelo económico de Cuba”, dijo en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel.
En tanto, el ministro de Economía, Alejandro Gil, destacó que, con la legalización de las pymes y una mayor autonomía de la empresa estatal, “la economía cubana entra en un proceso de transformación y desarrollo”.
Esta decisión, largamente esperada por los emprendedores cubanos, llega casi un mes después de que estallaran las inéditas manifestaciones del 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades del país, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.
En febrero pasado, el gobierno amplió a más de 2.000 las actividades en las que pueden laborar los trabajadores independientes en la controlada economía cubana.
El Gobierno señaló en junio que algunas actividades autorizadas para trabajadores independientes no estarán en la lista de las pymes, como “programador, tenedor de libros, traductores e intérpretes, veterinarios para animales afectivos o domésticos, diseñadores y ciertos tipos de consultorías”.
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