
Por: Virginia Rey Sánchez
Fidelia, como muchas peruanas, fue a un agente de nuestro banco público para retirar el bono del Estado para aliviar los efectos del COVID-19, dado que había decidido compartir la mitad con sus padres, adultos mayores y agricultores, y que esta vez, no les tocó ningún subsidio[1]. Fidelia mandó el dinero, en efectivo, por un servicio de transporte terrestre, que llega hasta la capital de una provincia de Ancash, la ciudad de Piscobamba, también su pueblo natal, a 16 horas en auto desde Lima. Pagó 15 soles por ese traslado.
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Fidelia tiene cuenta en el propio Banco de la Nación (BN), abierta allí mismo, Piscobamba, pero sus padres carecen de cuenta bancaria, como sus muchos paisanos en Ancash: 66% de los adultos, según el Instituto Nacional de Estadística - INEI (Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO II trimestre 2020). A nivel nacional, 49.0% de la población adulta, poseía una cuenta en el sistema financiero en el cuarto trimestre del 2020. Una mejora respecto a la pre-pandemia, cuando 43,4% tenía (en igual periodo 2019), pero solo es 1.6% más de pobladores.
Ella prefirió ir a un agente cercano de BN, evitando las colas que habría en una agencia BN —por aforo reducido—, además de menor gasto en movilidad. Hace años, Fidelia les envió dinero para cobrarlo en el BN de Piscobamba, el único banco del lugar. Pero ahora decidió mandarles por transporte terrestre, para que no tuvieran que enfrentar el ajeno ambiente bancario a sus padres quechua hablantes, además de no exponerlos al riesgo de contagio por posibles colas (por ej. en fechas de pago de beneficios de los programas sociales).
Cuando hice un pago a Fidelia mediante una transferencia bancaria (enero 2021) el BN cobró 18 soles y el BCP cargó otros 3.50 soles (21.5 soles en total). El tarifario del BN indica que el costo de una transferencia a otro banco “otra plaza” era de 6 soles, por lo que presenté mi caso en plataformas sociales y etiqueté a: BN, BCP, Indecopi y Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS).
En realidad, luego lo supe, la comisión sí era de 18 soles (1.5% del monto transferido) debido a ser “plaza exclusiva”, que significa que el BN es el único banco que existe en ese distrito. Empero, de eso fue informada en marzo 2021, después de haber recibido la respuesta a mi reclamo formulado a Indecopi (iniciado 15 feb.), adjuntando la parte del tarifario. Aunque el tarifario solo precisa esa comisión para transferencias a “otra empresa”, y omite esa categoría (“plaza exclusiva”) para “desde otra empresa”. Antes de ello, cuando lo había compartido en redes, solamente BCP respondió: si el BN hubiera estado en la lista de sus contrapartes para transferencias interbancarias, hasta 350 soles, no pagaban comisión.
Por su lado, el BN aduce que la tarifa obedece a que este banco es la única entidad bancaria en esa ciudad ancashina. ¿Pero es dable que para transferir a una cuenta abierta en una zona como Piscobamba, que es tan pobre que justamente solo tiene al BN, el banco público, cobre esa tarifa? ¿Aplicando tales comisiones, el BN y el BCP, ayudan a la bancarización y la digitalización bancaria en plena pandemia?
Posteriormente me enteré de la forma de transferir con comisiones menos onerosas y hasta exoneradas, de acuerdo a horarios y montos: https://www.transferenciasinterbancarias.pe/; ello se hace mediante la Cámara de Compensación Electrónica (CCE): alianza privada entre bancos —también comprende al BN— para concretar las operaciones de interbancarias.
Además, según la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), este servicio se extendió desde inicios de diciembre del 2020 y pasó a estar disponible 24/7, incluyendo feriados. Asbanc señala que las transferencias interbancarias inmediatas (TII) de enero y febrero fueron 6,2 millones, alrededor de la mitad de todo el 2020 (13 millones). Agrega que las TII son un porcentaje menor del total de operaciones interbancarias por la CCE, “pero con un crecimiento promedio mensual de 25%, en los últimos seis meses”. El BN, pese a ser un miembro del Directorio del CEE no parece promocionar las TII suficiente, ni tampoco luce tan destacada en el portal de la SBS.
El último Reporte de Indicadores de Inclusión financiera, de Seguros y de Pensiones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), las personas con cuentas de dinero electrónico en el sistema financiero y empresas de dinero electrónico subió en cerca de 2 millones entre diciembre 2019 y el fin del 2020, alcanzando 3.1 millones.
Por su lado, las operaciones virtuales (pagos por Internet, programas informáticos de empresa, programas de software de cliente, banca por teléfono y banca móvil) fueron casi el doble entre diciembre 2019 y el fin del 2020: de 43,8 millones en diciembre 2019 a 81,4 millones en diciembre 2020 (con datos del Banco Central de Reserva - BCRP).
La tendencia creciente también se recoge en el Informe Bancario Asbanc (n.º 357), que indica que esas transacciones alcanzaron 91 millones de operaciones en diciembre del 2020: un 94% más respecto al mismo mes de 2019. Este mismo informe precisa que los depósitos bancarios se elevaron de 67,854 a 80,068: 12,214 cuentas adicionales en ese mismo lapso de tiempo (jun. 2019 – jun. 2020). Un gran salto del alza promedio anual de cuentas (2015- 2019): 5,702.
Pero los padres de Fidelia no están bancarizados, —no beneficiarios de programas sociales— pareja que, además, no tiene Internet. Según otra publicación del INEI, apenas 9,9% de los hogares rurales accedieron a un servicio de Internet en el trimestre octubre-noviembre-diciembre del 2020, un ligero avance en relación al 5,7% en similar periodo de 2019. En cambio, 66,6% de los hogares de Lima Metropolitana gozaban de este servicio en el último trimestre de 2020.
En medio de tantas pérdidas de vidas y estrechez económica provocada por el COVID-19, existen loables avances tecnológicos para la banca remota, que contribuirá a reducir la cifra de personas enfermas y fallecidas. Pero para una mayor digitalización financiera, las comisiones deberían ser razonables (BN cobrando 18 soles no resiste lógica alguna), el Internet darse extensivamente y mejorar la conectividad de los proveedores.
[1] Nombre que reemplaza el real para mantener en reserva la identidad de la persona del caso.





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