Congreso aprueba por insistencia ley que sanciona el acaparamiento y especulación de precios

Con 106 votos a favor y 18 abstenciones, el Congreso aprobó por insistencia la ley que busca sancionar con hasta 6 años de prisión el acaparamiento, especulación de precios y adulteración.

La norma modifica el Código penal y Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto del acaparamiento, especulación y adulteración.

A detalle, la norma sancionará el “abuso de poder económico” con penas privativas de libertad no menor a 2 años ni mayor a 6 años y con entre 180 y 365 días multa e inhabilitación.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“Hay malos empresarios que lucran con la salud, poniendo en riesgo vida ciudadanos. Esta ley es perfectamente constitucional. En la búsqueda de la protección de la libertad de mercado prima la seguridad y salud de la ciudadanía”, Carmen Omonte, parlamentaria de Alianza para el Progreso.

“El Congreso ha presentado de 24 proyectos de ley buscando que el acaparamiento y especulación como forma de hacer negocio en el país se termine. Hoy como congreso vamos a aprobarlo por insistencia”, enfatizó el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, José Luna Morales.

Cabe precisar que este proyecto fue aprobado el pasado 5 de junio en el Pleno y quedó pendiente su promulgación por el Ejecutivo, que finalmente decidió observarla mediante un oficio firmado por el presidente de la República, Martín Vizcarra y el entonces premier Vicente Zeballos señaló que esta iniciativa es una oportunidad para reforzar el Indecopi.

“Una alternativa que podría evaluarse es modificar el artículo 2, inciso d) del Decreto Legislativo N° 1033, que regula las funciones del Instituto de Defensa de la Libre Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con el objetivo de otorgarles la competencia para: proteger los derechos de los consumidores, vigilando que la información en los mercados sea correcta, asegurando la idoneidad de los bienes y servicios en función de la información privada, evitando la discriminación en las relaciones de consumo, y previniendo, a través de sus competencias de supervisión, fiscalización y sanción, que se oferten bienes y servicios durante el estado de emergencia”, se detalló en el documento.