
La Defensoría del Pueblo reconoció la decisión de Osiptel de extender hasta el 15 de junio el plazo del corte del servicio de telecomunicaciones para que más usuarios puedan acceder al fraccionamiento de pagos.
Sin embargo, consideran que es insuficiente esta medida para garantizar los derechos de los ciudadanos y, por lo tanto, exigen complementarla con alternativas que garanticen la continuidad del servicio durante la emergencia de la COVID-19.
Cabe precisar que hasta la semana pasada menos del 3% de los usuarios se acogió al fraccionamiento de deudas vencidas y por lo tanto, el fraccionamiento era una necesidad ineludible. ‘’La baja cifra revela la ausencia de una comunicación eficaz por parte del Estado y las empresas operadoras a la ciudadanía’’, argumentó la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, recomendaron a las operadoras identificar a sus clientes que pueden y deben pagar, y a quiénes no, para así focalizar mejor las disposiciones que adopten para la prestación del servicio y no afectar a las familias vulnerables.
‘’Al ser el acceso a internet un derecho relacional, impedir su goce vulnerará otros derechos fundamentales, como la salud, la educación y el trabajo. De concretarse la suspensión del servicio de telecomunicaciones, ello consumará un aislamiento social absoluto’’, argumentó la Defensoría.





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