La Comisión Permanente aprobó por mayoría el informe de la mesa de trabajo liderada por el parlamentario Luis Galarreta, que recomienda derogar el Decreto de Urgencia (DU) 013 sobre el Control Previo de Fusiones Empresariales, publicado en noviembre pasado por el Gobierno.
De esta forma, dicho grupo dejó en manos del nuevo Congreso −que entrará en funciones en marzo próximo− la decisión de derogar o no la también llamada ley antimonopolio.
Según argumentó Galarreta, dicho DU no pasó el "test de legalidad", pues “no hay una fusión grande en camino. No hay un caso que se esté conociendo”, dijo.
El congresista por Fuerza Popular agregó que su grupo de trabajo “no está en contra de la ley, lo que se señala es que no pasa el test de legalidad. No hay emergencia. Esto debió ser aprobado por el siguiente Parlamento”.
Asimismo, cuestionó que la norma "que sería tan importante" solo tenga una vigencia por cinco años".
Para Santiago Dávila, socio de EA Consultores, la norma del Ejecutivo debe ser ratificada por el siguiente Parlamento, pues permite evitar prácticas monopólicas que puedan afectar al consumidor.
Recordemos que a estas alturas el Indecopi −quien será el encargado de evaluar las solicitudes de fusión y adquisiciones que pasen los umbrales de la norma− ya cuenta con los recursos para que, desde agosto próximo, pueda aplicar el decreto.
"No aprobar la norma porque todavía no se anuncia una fusión me parece un argumento malo. Cuando ocurrió la compra de Mifarma tampoco se sabía que ocurriría, y no hubo ley. La mayoría de esas noticias son confidenciales", señaló Dávila.
Según recuerda el especialista, tras las últimas investigaciones del Indecopi por concertación de precios, como en los sectores avícola y farmacéutico, dichas empresas del sector se fusionaron. “Ahora con la investigación a constructoras, podría venir un proceso de consolidación en ese sector”, advirtió.
En mayo del 2019, el Congreso aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Fusiones.
Días después de la votación se conoció que el dictamen debería volver a votarse por "reconsideración", pues se habría cometido un "error" en redacción.
Hasta setiembre de ese año, el Legislativo no agendó su votación, que luego fue cancelada tras el cierre del Congreso.
En noviembre, finalmente, el Ejecutivo le dio luz verde mediante decreto de urgencia, aunque reduciendo las multas a las empresas que no lleguen a informar sobre un proceso de fusión cuando cumplan con los umbrales.
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