El segundo decreto de urgencia emitido ayer por el Gobierno tras la disolución del Congreso, amplía por un año la exoneración del IGV y el reintegro tributario a la industria editorial en el marco de la Ley del Libro.
De esta forma, el Ejecutivo prorrogó ambos beneficios tributarios hasta el 11 de octubre del 2020, con el objetivo de que el precio de los libros no se incremente en 18%, como lo había advertido la Cámara Peruana del Libro (CPL), según refirió el ministro de cultura, Franceso Petrozzi.
No obstante, el decreto de urgencia trajo algunas modificaciones.
Primero, no se amplió el crédito tributario por reinversión que sí contemplaba la normativa que estuvo vigente hasta ayer.
Dicha decisión del Ejecutivo estaría sustentado en la poca rentabilidad del sector editorial, que no “resultaría atractivo para los inversores”, según la explicación dada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un documento remitido al Congreso.
En segundo lugar, como se explica en la infografía, el reintegro tributario se mantiene pero solo aplicaría para "los editores de libros cuyos ingresos netos anuales sean hasta 150 UIT (S/360 mil)", refiere.
Lo anterior, en palabras de Petrozzi, beneficiaría a los pequeños y medianos empresarios editoriales. "Antes pedían cantidades enormes (para beneficiarse del reintegro tributario), esto va a cambiar, las pequeñas mypes editoriales estarán libres de este impuesto, van a tener los mismos beneficios”, declaró el titular de Cultura en un medio local.
Si bien la Cámara Peruana del Libro saludó la decisión del Ejecutivo, se mostró en contra del tope establecido para acceder a la devolución del IGV por las compras que realizan las editoriales.
"Lo que buscábamos era destrabar el reintegro tributario para que tengan acceso las mypes, pero este techo sobre las 150 UIT entorpece un poco el crecimiento de las empresas. Quienes van a dejar de estar beneficiadas con este decreto son las editoriales de gran tiraje, como textos escolares, en algunos casos buscarán imprimir fuera del país y podría elevar los precios", señaló Pedro Villa, director de contenidos de la CPL.
Desde otra mirada, Villa señala que el Gobierno tendrá doce meses más para evaluar el mercado editorial en el país, pero también para determinar medidas que garanticen el acceso a la lectura.
Según data publicada por el MEF, al 2016, el 63% de municipalidades distritales en el país (1.164) no cuenta con alguna biblioteca municipal. En tanto, un segundo problema es la centralización de la industria del libro. De las casi 370 editoriales existentes hasta ese año, 301 estaban en Lima. Incluso, la capital también concentra el mayor número de librerías a nivel nacional.
Al respecto, algunos avances ya se han propuesto en el decreto publicado ayer, pues se aprueba una transferencia de hasta S/16 millones al Ministerio de Educación para -entre otros- implementar bibliotecas escolares.
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Y otros S/ 16 millones para al Ministerio de Cultura, para realizar una encuesta de lectura, la cual deberá ejecutarse en un plazo máximo de un año, así como para el fomento de ferias de libros en diferentes regiones del país. Pero también, servirán para el fomento de investigación, estudios, informes u otros documentos en torno a la lectura y el libro, “así como proyectos de innovación; siendo que para este último caso deberá coordinarse con el Ministerio de la Producción”, detalla la normativa publicada el viernes.
Beneficios de la Ley del libro