Fiscalía amplía investigación contra miembros de la FPF sobre derechos televisivos
Fiscalía amplió investigación contra Agustín Lozano y miembros de la FPF sobre derechos de televisión e incluye en ella a directivos de clubes de la Liga 1.
Por: Alejandro Céspedes
El equipo 03 de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada decidió ampliar la investigación preliminar contra la FPF a otros posibles involucrados en los presuntos delitos cometidos por el presidente de la federación, Agustín Lozano Saavedra, y la junta directiva de la FPF.
Se ha decidido incluir en las pericias a diversos administrativos de la federación como el área legal, la secretaría general y directivos de diversos clubes de la Liga 1 por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y falsedad genérica, en agravio de la FPF. Según el documento, “la presunta organización criminal vendría extorsionando y coaccionando a los clubes profesionales de la primera división del fútbol peruano para hacerse de los ingresos dinerarios por los derechos de televisión correspondientes a la Liga 1 2023”.
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Entre los imputados que se incluyen en la primera etapa del proceso penal se incluyen a Diego Guerrero, apoderado legal del Club Alianza Lima; Franco Velazco, de Universitario; Leónidas Tupaychi, de Cienciano; Christian Herrera, de Deportivo Municipal; de Juan Carlos Aquino, de Binacional; de Julio Vásquez, de Cusco FC; y de Alfredo Matayoshi, de Sport Boys.
La Fiscalía ha programado las diligencias del deslacrado, extracción de información y toma de muestra de los documentos para el día 28 de marzo del 2023 para lo cual ha nombrado a la Perito Contable Forense de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada Rosario Cordero Borja. El objetivo sería encontrar pruebas de la existencia de perjuicios patrimoniales contra la FPF y la Sunarp relacionados a la cesión de la titularidad de la transmisión televisiva de los partidos de la Liga 1 2023 a la empresa 1190 Sports.
La FPF deberá ceder toda la documentación con respecto a los derechos de televisión relacionada con el desarrollo de la Liga 1 2023.
Al respecto, la abogada penalista Jackeline López señala que este requerimiento fiscal es parte del proceso iniciado por el delito de administración fraudulenta para verificar si existieron o no elementos de perjuicio contra la FPF y los equipos de la Liga 1.
¿Crimen organizado?
La tesis fiscal sostiene que habrían existido tres vías para lograr este cometido de forma ilegal. En primer lugar, “la licitación acerca de los derechos de televisación para la transmisión de la Liga 1 convocada en agosto del año 2022”. En segundo lugar, “el contrato de colaboración, modelo asociativo de colaboración entre la FPF y 1190 Sports”.
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En tercer lugar, “el fideicomiso con retorno, administrado por un agente fiduciario, el comité de Dirección de Fideicomiso estaría a cargo de cinco miembros designados por la FPF y dos miembros designados por 1190 Sports”. Esto se sumaría a las denuncias previamente presentadas por los equipos de la Liga 1 y el Consorcio de Fútbol Peruano sobre las supuestas formas de coacción ejecutadas por la FPF para lograr la titularidad absoluta de los partidos peruanos. Lozano Saavedra y los directivos de la FPF vienen siendo investigados por la presunta comisión de los delitos de extorsión, coacción y organización criminal en perjuicio de los clubes profesionales de la Liga 1.
Según el equipo fiscal especializado en crimen organizado, “como parte de los presuntos actos extorsivos y de coacción, la FPF ha venido requiriendo a los clubes profesionales de la primera división del fútbol peruano que cedan sus derechos televisivos bajo amenaza de que perderían la categoría correspondiente a la Liga 1 2023”.
Sabías que...
La inclusión de más investigación en la primera etapa del proceso penal contra el presidente de la FPF y otros directivos por la presunta comisión de delitos no afectarán los plazos pensados previamente para este caso. Según la ley, el plazo máximo para la etapa de investigación preliminar puede durar hasta 36 meses.
