El 1 de julio de 2025 marcará un hito en el sistema pensional colombiano con la entrada en vigencia de la reforma aprobada bajo la administración de Gustavo Petro. Esta nueva ley propone un modelo que garantice ingresos en la vejez para un mayor número de ciudadanos. Bajo este marco, la controversia no ha tardado en surgir, pues especialistas y ciudadanos han expresado preocupaciones sobre cómo esta nueva estructura podría impactar negativamente a aquellos que decidan retirarse antes de cumplir con las semanas mínimas de cotización o la edad legal establecida para pensionarse.
La reforma pensional impulsada por Gustavo Petro, formalizada a través de la Ley 2381 de 2024, se estructura en torno a un sistema de pilares que busca ampliar la cobertura del sistema de pensiones en Colombia. Estos pilares incluyen un esquema semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario, cada uno diseñado para atender diferentes segmentos de la población, desde aquellos que no pueden aportar lo suficiente para obtener una pensión completa hasta quienes desean complementar sus ingresos en la vejez.
El objetivo principal de esta nueva ley es garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a algún tipo de ingreso al alcanzar la edad de jubilación, independientemente de si cumplen con los requisitos tradicionales de cotización. Para ello, la ley introduce mecanismos que permiten a las personas acceder a su pensión de forma anticipada, aunque con ciertas condiciones que podrían reducir significativamente el monto final de sus mesadas.
Entre los aspectos más destacados de la reforma, se encuentra la reducción de las semanas mínimas de cotización para las mujeres, pasando de 1.300 a 1.000 semanas, con un beneficio adicional de 50 semanas por cada hijo nacido vivo o adoptado, hasta un máximo de tres. Este enfoque busca atender la realidad laboral y familiar de las mujeres en Colombia, pero ha sido objeto de debate debido a su impacto potencial en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
La posibilidad de jubilarse antes de cumplir con las semanas mínimas de cotización o la edad establecida por la ley es uno de los puntos más controvertidos de la reforma pensional. Según la nueva normativa, las mujeres podrán acceder a la pensión anticipada a los 62 años y los hombres a los 65, incluso si no han alcanzado las 1.000 semanas de cotización. Sin embargo, esta opción viene con un costo significativo: una reducción del 3% anual por cada año que se adelante la jubilación respecto a la edad legal.
Esto significa que aquellos que opten por retirarse antes de tiempo podrían ver mermadas sus pensiones de manera considerable, afectando su poder adquisitivo durante la vejez. Los analistas advierten que, si bien esta opción puede ser atractiva en el corto plazo, puede tener consecuencias financieras a largo plazo, especialmente en un contexto de aumento del costo de vida y desafíos económicos globales.
Otro aspecto a considerar es la posibilidad de solicitar la pensión anticipada en casos de retiro forzado debido a accidentes que generen invalidez. Aunque este es un mecanismo de protección para los trabajadores en situaciones adversas, también podría resultar en una pensión menor, afectando la calidad de vida en la etapa de jubilación.
Los expertos han mostrado posturas divididas respecto a la reforma pensional. Marc Hofstetter, Ph. D. en economía, ha criticado duramente la reforma, calificándola como insostenible a largo plazo. Según Hofstetter, el nuevo sistema representa un alto costo para el país, estimado en $5 billones, que solo será sostenible mientras existan ahorros disponibles. Una vez estos se agoten, el sistema podría enfrentar graves dificultades financieras, obligando al gobierno a realizar una nueva reforma en el corto plazo.
Por otro lado, Mauricio Olivera, exdirector de Colpensiones y actual vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de Los Andes, ha elogiado algunos aspectos de la reforma, como el enfoque de género y la implementación del sistema de pilares. Sin embargo, también ha señalado que la reducción en las semanas de cotización para las mujeres podría generar presiones adicionales sobre el sistema, especialmente dado que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres.
Olivera también ha alertado sobre los riesgos de implementar la reforma a partir de 2025, destacando que ni Colpensiones ni los fondos privados están preparados para este cambio, lo que podría generar desconfianza en el sistema.