
El Gobierno de España ha confirmado que los empleados públicos recibirán una subida adicional del 0.5% en sus salarios para junio de 2025, en un contexto de inflación persistente. Esta medida se suma al 2% aplicado en 2024, lo que incrementa el total al 2,5% para este ejercicio.
Dicho aumento beneficiará a más de 3.5 millones de trabajadores del sector público, que incluyen funcionarios de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Con estas medidas, el Ejecutivo busca aliviar el impacto de la inflación en las nóminas del funcionariado.
El incremento forma parte del Acuerdo Marco de Función Pública 2022-2024, pactado entre el Gobierno español y los principales sindicatos. El cual establecía un incremento del 3,5% en 2022 y 2023, y un 2.5% en 2024. Para 2025, la subida contemplaba un 0.5%, condicionado a que la inflación superara las previsiones oficiales.
Con la subida total del 2.5%, estos montos contienen los pagos extras de junio y diciembre. Además, altos funcionarios como jueces, inspectores o fiscales pueden recibir ingresos superiores, gracias a complementos específicos.
Su aumento depende de los Presupuestos Generales del Estado; sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, mediante el ministro Óscar López de Transformación Digital y Función Pública, ha asegurado que el abono se realizará a la mayor brevedad posible.
Desde la Central Sindical Independiente y de funcionarios (CSIF), Unión General de Trabajadores (UGT) y Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) insisten en la necesidad de una ley que vincule los sueldos públicos al IPC, como sucede con las pensiones.
Asimismo, el CSIF denuncia una pérdida de más de 20.000 puestos en la administración estatal durante la última década, afectando especialmente a organismos como el SEPE o Seguridad Social.
El Ejecutivo ha iniciado conversaciones con los sindicatos para diseñar la Oferta Pública de Empleo de 2025, que se espera sea abonada en julio 2025.
Además, se prevé una reforma estructural que incluirá la evaluación y reclasificación de todos los puestos de la Administración General del Estado, con el objetivo de profesionalizar y homogeneizar condiciones laborales y salariales.
Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar la estabilidad y previsibilidad del empleo público, factores clave para atraer y retener talento en las administraciones.

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