
Una nueva normativa impulsada por el Consejo de la UE podría transformar las condiciones actuales de los viajes en avión en Europa. El reglamento, que aún debe ser evaluado por el Parlamento Europeo, autoriza a las aerolíneas a cobrar por el equipaje de mano que no quepa debajo del asiento.
La medida fue rechazada por España, junto con Portugal, Alemania y Eslovenia, países que advierten que la propuesta va en contra de los derechos de los usuarios y representa un retroceso para el transporte aéreo dentro de la Unión Europea.
La presidencia polaca del Consejo de la UE ha promovido una modificación que permitiría a las aerolíneas cobrar por llevar maletas en cabina, una política hasta ahora restringida en vuelos europeos. Solo podrán viajar sin coste los objetos que quepan bajo el asiento delantero, como pequeños bolsos, mochilas o fundas de ordenador.
España, Alemania, Portugal y Eslovenia votaron en contra, mientras que Austria y Estonia se abstuvieron. Aún así, la propuesta recibió luz verde y continuará su trámite legislativo en el Parlamento Europeo. Según fuentes del Ministerio de Consumo, “esta iniciativa vulnera el derecho básico a viajar con equipaje sin costes ocultos”.
La reforma, en caso de aprobarse, tendría un impacto directo en los viajes en avión de bajo coste, encareciendo el precio real de los billetes y afectando especialmente a los viajeros frecuentes o con presupuestos ajustados.
Además del equipaje, el texto impulsado por el Consejo de la UE introduce nuevas condiciones para reclamar compensaciones por retrasos, aumentando el tiempo mínimo de espera de tres a cuatro o incluso seis horas.
Esto modifica el actual reglamento que, tras un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establecía indemnizaciones de entre 250 y 600 euros en función de la distancia del vuelo y la demora. Con los cambios propuestos, se aplicarían los siguientes criterios:
La modificación reduciría drásticamente el número de pasajeros con derecho a indemnización y favorecería a las aerolíneas frente a los consumidores. El Parlamento Europeo deberá pronunciarse antes de que el reglamento pueda entrar en vigor.
El rechazo de España a estas reformas también se enmarca en un conflicto más amplio con las aerolíneas de bajo coste. En 2024, el Gobierno impuso sanciones por 179 millones de euros a cinco compañías (entre ellas Ryanair, Vueling y EasyJe), por prácticas como el cobro por imprimir tarjetas de embarque o el equipaje de mano.
Ryanair fue multada con 107 millones de euros, siendo la compañía más sancionada. El expediente fue respaldado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que señaló la existencia de “prácticas abusivas y contrarias a los derechos del consumidor”.
El Gobierno sostiene que la propuesta del Consejo de la UE “normaliza y legitima conductas que ya han sido sancionadas” en el ordenamiento español. La posición firme de España refleja su intención de defender los derechos de los pasajeros dentro del marco de la Unión Europea.

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