Salvadoreños claman libertad de presos "injustamente" en guerra antipandillas

Unos 2.000 salvadoreños se manifestaron este domingo en San Salvador para demandar la libertad de sus familiares encarcelados "injustamente" por la guerra antipandillas del presidente Nayib Bukele, vigente desde 2022.

Mostrando fotos y pancartas de los detenidos, la manifestación salió del parque Cuscatlán, en el oeste, y cerró en el centro de la capital sin incidentes.

"Pido la libertad para mi esposo y mi hijo, porque los han capturado injustamente, pues ellos no deben nada, no son unos delincuentes, ni son criminales", dijo a la AFP Sebastiana Avelar, una ama de casa de 54 años.

El esposo de Sebastiana, Marcos Avelar (57), fue capturado el 29 de julio de 2022; y su hijo Manuel Ernesto Avelar (24), el 13 de marzo de 2023.

"Es desesperante" vivir sin "saber cómo estan", dijo, pues las visitas a los penales están prohibidas.

En respuesta a una escalada de homicidios, el 27 de marzo de 2022, Bukele comenzó una "guerra" contra las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial y bajo el cual desde entonces fueron detenidas 84.260 personas.

Bukele dijo el 12 de noviembre que del total de detenidos unos 8.000 inocentes fueron liberados, pero según el fiscal general Rodolfo Delgado "están [en libertad] con medidas cautelares" mientras avanzan sus procesos.

"El régimen (de excepción) ya no es para combatir a las pandillas, el régimen es para someter al pueblo para que no se manifieste por sus reivindicaciones", declaró a la AFP Samuel Ramírez, el coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR).

Tras la cruzada contra las pandillas los homicdios se redujeron en forma drástica.

Hasta 2022 El Salvador, era considerado uno de los países sin conflicto bélico más violento del mundo y desde entonces redujo a mínimos históricos los homicidios (1,9 por cada 100.000 habitantes en 2024). Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han denunciado "detenciones indiscriminadas" y más de 350 muertes bajo custodia estatal.

Los manifestantes también rechazaron la reactivación de la minería metálica luego de que en diciembre el Congreso aprobara una polémica ley.

"Qué va a significar la minería: desplazar cantidades de gente primero, deforestar el territorio, luego utilizar grandes cantidades de agua que no tenemos", declaró el ambientalista Ricardo Navarro.

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