Política

Gobierno presenta proyecto para que procurador general del Estado sea designado por la JNJ

Tras destituir a Daniel Soria y nombrar a María Caruajulca en la Procuraduría, el Ejecutivo busca modificar la forma de elección del procurador general del Estado.

En el concurso público participaron 600 postulantes. Foto: Andina
En el concurso público participaron 600 postulantes. Foto: Andina

Este lunes 11 de julio, el Gobierno del presidente Pedro Castillo remitió al Congreso de la República el proyecto de ley que propone que la designación y remoción del procurador general del Estado ya no sea competencia del Ejecutivo. La entidad encargada de nombrar a dicho funcionario sería la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La iniciativa busca la modificación de los artículos 14, 17 y 18 del Decreto Legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.

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Dichos cambios permitirían que titular de la Procuraduría sea nombrado por la JNJ “previo concurso público de méritos llevado a cabo conforme a ley” y que pueda ser destituido por “falta grave debidamente comprobada y fundamentada, según lo establecido en el Reglamento”.

“La lógica de esta propuesta descansa en la intención de proseguir con la finalidad normativa que se ha podido evidenciar a través de los años que apunta hacia otorgar una mayor autonomía e independencia a la labor que ejercen los procuradores públicos”, se lee en los fundamentos del proyecto.

De acuerdo con el documento, se busca que “sea un órgano distinto a los tres poderes clásicos del Estado quien tenga a su cargo la designación de dicho funcionario público”.

Gobierno destituyó a Daniel Soria y nombró María Caruajulca

En febrero de este año, el presidente Pedro Castillo y el entonces ministro de Justicia Aníbal Torres destituyeron a Daniel Soria. Ello en base a un informe de la Contraloría que encontró irregularidades en su nombramiento.

La salida de Soria Luján también se dio luego de que denunciara ante la Fiscalía de la Nación al presidente Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por el caso Puente Tarata III.

En reemplazo de Daniel Soria, el Ejecutivo designó a María Caruajulca Quispe, quien es cuestionada por presuntamente responder al Gobierno.

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