Departamento de Justicia de EEUU demanda a Minnesota por brindar matrícula gratuita y reducida a inmigrantes indocumentados

La acción del DOJ de Estados Unidos busca suspender estos beneficios en Minnesota, basándose en la prohibición federal.

Pam Bondi afirma que estas medidas de Minnesota discriminan a los ciudadanos estadounidenses.
Pam Bondi afirma que estas medidas de Minnesota discriminan a los ciudadanos estadounidenses. | The Seattle Times

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado una demanda contra Minnesota por sus leyes estatales que ofrecen matrícula gratuita o reducida en instituciones de educación superior a inmigrantes indocumentados. La ley federal prohíbe estos beneficios si no se otorgan de igual manera a los ciudadanos estadounidenses.

Esta demanda es parte de una estrategia más amplia del DOJ, impulsada por órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. Las órdenes del presidente buscan asegurar que los inmigrantes ilegales no reciban beneficios financiados por los contribuyentes ni un trato preferencial, según información de Fox News.

DOJ: "Las leyes de Minnesota discriminan a los ciudadanos de Estados Unidos"

Según el Departamento de Justicia, las normativas de Minnesota sobre matrículas gratuitas para inmigrantes son inconstitucionales. La fiscal general Pam Bondi afirma que estas leyes discriminan a los ciudadanos estadounidenses, ya que otorgan beneficios financieros a inmigrantes indocumentados que no se extienden a toda la ciudadanía.

La demanda federal busca que el estado suspenda este beneficio y se alinee con la prohibición federal de proporcionar privilegios educativos a personas que no poseen estatus migratorio regular si no se otorgan a los ciudadanos.

Demanda del Departamento de Justicia a Texas

La demanda contra Minnesota se produce unas semanas después de que el Departamento de Justicia emprendiera medidas similares contra el estado de Texas, ya que otorgaba de beneficios educativos similares a inmigrantes indocumentados.

Texas acató la orden del DOJ y cesó la aplicación de su Ley del Sueño, promulgada en febrero de 2001 por el exgobernador Rick Perry. Esta ley permitía a estudiantes que se graduaran de una escuela secundaria del estado y cumplieran criterios de residencia, académicos y de registro, pagar una matrícula estatal sin considerar su estatus migratorio federal.

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