Exjefa de ATU acude al Poder Judicial para exigir ser repuesta en su cargo

Como lo había anunciado, María Jara Risco tomó medidas legales contra el Ejecutivo por su repentina destitución como miembro y presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Ayer por la mañana, junto con el abogado constitucionalista Luciano López, presentaron una acción de amparo ante la Corte Superior de Lima para que sea repuesta en el cargo que debía ocupar hasta el 2024, pero del cual fue removida el pasado 13 de mayo.

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López recordó que el periodo de Jara Risco, fijado para cinco años, solo podía ser recortado por fallecimiento, incapacidad permanente, renuncia, así como por una cuestión disciplinaria. Pero ninguna de estas situaciones tuvo lugar en el caso de la exjefa de la ATU. “Eso (que han hecho) tiene una responsabilidad no solamente constitucional, sino también legal”.

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Agregó que, con esta acción de amparo, se busca defender la institucionalidad, pues cualquier cambio se debió haber hecho “conforme al derecho”. López explicó que si se buscaba que el cargo de la presidenta de la ATU sea de confianza y, por lo tanto, esta confianza se pueda perder, se debió haber modificado la ley de creación de la ATU (n° 30900) e incluso con ella se tenía que esperar a que termine el mandato actual, ya que Jara fue nombrada en un “periodo de estabilidad”.

“Esto es un asunto de institucionalidad. La informalidad, que es la madre de todos los vicios y que existe en el transporte público, no puede trasladarse a la forma de hacer política pública porque eso tiene consecuencias”, agregó.

Jara Risco, por su lado, sostuvo que el tema no solo está ligado a la restitución de una persona en un cargo, sino también a la defensa del Estado de derecho, la democracia y servicios de transporte. “Es algo que no me afecta solo a mí, los afecta a todos ustedes. Si el Estado no respeta las instituciones ni sus derechos, estamos retrocediendo a la anarquía”.

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Por la tarde, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado en el que asegura que la incorporación de la pérdida de confianza como causal para remover a los miembros del Consejo Directivo de la ATU, realizada por medio del Decreto Supremo n° 007-2023-MTC, está dentro del marco legal vigente, por lo que el cambio hecho en la presidencia es hecho bajo “absoluta legalidad”.

Sin embargo, López manifestó que al incluir la pérdida de confianza se desnaturaliza la lógica de un órgano independiente.

Confían en la justicia

El constitucionalista señaló que confían en la justicia, porque “este es un asunto bien grosero”, por lo que aguardan que la acción de amparo prospere. Por el momento, se espera que dentro de los siguientes días el juez constitucional resuelva la admisión de la demanda y abra el proceso. Al mismo tiempo, han pedido una reposición provisional.

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En este caso específico, los demandados son la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, el MTC y la ATU. En ese sentido, el MTC ha informado que su Procuraduría ejercerá la defensa institucional que le corresponda una vez que sea notificada de la demanda.

Mientras tanto, los más afectados continúan siendo los ciudadanos que todos los días deben lidiar con un sistema de transporte deficiente.

La clave

Silencio. La ministra Paola Lazarte evitó referirse a las acciones iniciadas por María Jara. Solo dijo que el nuevo jefe de ATU informará sobre la situación de la entidad.