Liberados a las 24 horas: la historia detrás de la irregular detención a 193 ciudadanos en San Marcos

Con escasa comida y medicinas. Sin una PNP que entienda tu idioma. Con el derecho a hacer una llamada, pero con el celular lacrado y sin saber a qué número marcar. Y, claro, sin presencia fiscal. Así estuvieron, por casi 48 horas, las 193 personas que fueron detenidas durante la intervención de la Policía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el último sábado 21 de enero.

Entre los detenidos se encontraban estudiantes residentes de dicha casa de estudios, así como mujeres gestantes, adultos mayores y hasta una menor de 8 años. Sin embargo, la gran mayoría eran ciudadanos de diferentes regiones del país que habían llegado a Lima para participar en la Marcha Nacional convocada para el 19 de enero. Todos ellos fueron trasladados hacia la Dirinci y Dircote; no obstante, un día después, a excepción de uno, fueron liberados.

Ante este panorama, La República conversó con dos de los abogados que estuvieron brindando apoyo legal voluntario a los detenidos para conocer cuáles fueron las condiciones en las que estuvieron a lo largo de dichas horas, así como las presuntas irregularidades que se habrían cometido.

Detenciones irregulares

Tras el abrupto ingreso de la PNP a la UNMSM —recordemos que derribaron una de las entradas de la puerta 3— alrededor de 70 a 80 abogados se acercaron voluntariamente tanto al campus universitario como a las sedes policiales para ofrecer sus servicios jurídicos. A lo largo de la jornada, estos letrados pudieron detectar una serie de irregularidades desde que intervinieron a los ciudadanos hasta que los liberaron.

"La detención sí misma es irregular(...) Detienes a 193 personas, las tienes casi 48 horas retenidas y luego decides que ninguno es sospechoso de esto. Ahí hay algo que falla, ¿no?", señaló Renata Bregaglio, abogada y docente universitaria.

"¿La intervención de San Marcos por parte de la Policía fue realizada de manera razonable o proporcional o acorde a la constitución? No, fue arbitraria. Para comenzar, rompieron la puerta. No era necesario tirarlos al suelo, insultarlos, golpearlos. Muchos de ellos tenían hematomas. Yo lo he visto", relató Juan Carlos Ruíz, abogado coordinador del área de litigio constitucional de IDL. Así, algunas de las inconsistencias observadas fueron las siguientes:

• Ausencia de la Fiscalía y retraso en su atención
• Poca consideración a las condiciones de vulnerabilidad algunos detenidos
• Falta de intérpretes y rechazo de la PNP a que voluntarios traduzcan a los detenidos
• Uso desproporcionado de la fuerza por parte de la PNP
• Ausencia de flagrancia
• Entrega irregular de documentos y pertenencias

Más de 6 horas esperando a la Fiscalía

Una de las principales inconsistencias de la intervención dentro de la Decana de América fue la ausencia de fiscales y abogados, así como la demora de esta dependencia en llegar a las sedes policiales, por lo que no se les comunicó a los detenidos la razón por la cual estaban siendo intervenidos o cuál era el delito que supuestamente cometieron. Como resultado, varios ciudadanos fueron obligados a firmar las actas sin entender la situación.

"Todas las personas detenidas con las que hemos conversado y patrocinado manifestaron que no había presencia fiscal (...) Cuando nosotros hemos llegado, ya habían hecho las primeras diligencias sin presencia de abogados, ni intérpretes", resaltó Bregaglio.

Ambos letrados indicaron que la Fiscalía demoró cerca de 6 horas en llegar y, cuando lo hicieron, se envió a una dependencia que no era la competente, la cual fue Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad, cuando lo que se necesitaba era personal del área penal.

"Ellos solo podían verificar si hubo maltratos, golpes y demás en la detención. Pero no son los que van a indagar sobre el proceso y van a poder decidir la libertad de las personas", señaló la docente universitaria.

En esa línea, el jurista de IDL indicó que Antonio Alegre, el fiscal a cargo, llegó recién en horas de la madrugada a la Dirincri. "Francamente, él llegó bien tarde. Habrá sido a las 2 o 3 de la mañana". Es preciso indicar que, durante dicho lapso de tiempo ,había adultos mayores desestabilizados, personas heridas y una mujer gestante que no estaba en condiciones óptimas. Todos ellos tuvieron que esperar.

Sobre la flagrancia

A pesar de todos estos hechos, el ministro del Interior, Vicente Romero, indicó a diferentes medios que la medida no fue un exceso, puesto que “no hubo heridos”. Además, aseveró que se realizó este operativo por haberse cometido el delito de flagrancia.

“Previo a este ingreso a la universidad de forma violenta, habían sacado a los vigilantes de la seguridad privada, les habían quitado sus radios, inclusive habían tapado las cámaras de videovigilancia. Por lo tanto, hay una flagrancia. Las nueve puertas las habían encadenado”, manifestó.

El Gobierno también mencionó que actuó por defensa posesoria. De acuerdo con el abogado de IDL, esto se refiere a que "si alguien se mete en tu casa, tienes derecho a botarlo". No obstante, ese desalojo debe hacerlo el "dueño", con apoyo policial; sin embargo, la rectora ni otro funcionario estuvieron presentes.

"La rectora no es la propietaria, es parte de la comunidad universitaria junto con los profesores, estudiantes y egresados. El delito de usurpación es cuando yo me quiero meter a tu casa, me quiero apropiar de ella (...) ¿Dónde está la flagrancia si los propios universitarios son los que invitan?", subrayó el letrado.

"Yo creo que ha sido totalmente improvisado. La imputación que les hacían de usurpación agravada no se sostenía y la prueba más contundente de eso es que ninguno ha quedado detenido", precisó Renata Bregaglio.