Chiclayo: Contraloría detectó irregularidades en alquiler de inmuebles de la SBCH
La entidad de control identificó un perjuicio de casi S/ 90.000 y responsabilidades legales en 7 funcionarios y exfuncionarios.
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La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh) por el arrendamiento de inmuebles, lo cual originó un perjuicio de S/ 86.862. También identificó responsabilidades legales en siete funcionarios y exfuncionarios de la institución.
La intervención de la entidad de control se efectuó en el marco del operativo anticorrupción a fin de determinar hechos que estén al margen de la normativa y afecten los intereses del Estado.
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Informe de control
En ese contexto, la Contraloría emitió el Informe n.° 02-2022, que menciona que entre el 2018 al 2020, personas naturales y empresas ocuparon stands ubicados en la galería La Plazuela sin contar con contrato de arrendamiento vigente y sin pagar por concepto de merced conductiva, lo cual —precisó— originó que la entidad no perciba ingresos, y, por ende, haya una afectación al patrimonio de la SBCh.
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De la revisión de los documentos, los auditores detallaron que los ciudadanos Hilda Gutiérrez, Elsa Blanco y la empresa Novatech Soluciones Tecnológicas utilizaron la propiedad, pero sin cumplir con los lineamientos de la directiva para el arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la institución.
Este hecho se registró por la falta de diligencias de la subgerencia de Gestión Inmobiliaria, que no ejecutó ni supervisó las operaciones relacionadas con la adecuada administración de los inmuebles. Además, no cauteló la suscripción y renovación de los contratos para el alquiler de los mencionados.
La Contraloría dispuso que la Procuraduría Pública inicie las acciones civiles y penales. Foto: Contraloría
Acciones legales
Asimismo, afirmó que la gerencia de Gestión de Negocios permitió la acumulación de la deuda por parte de los exinquilinos y no realizó las acciones estratégicas para la recuperación de casi S/ 90.000.
También argumentó que el área de Gestión Inmobiliaria no elaboró el expediente de agotamiento de la vía administrativa y no remitió los documentos técnicos a la oficina de Asesoría Legal a fin de que se inicien las acciones legales para la recuperación de la deuda.
De acuerdo con el documento de control, la Procuraduría iniciará acciones contra Hanny Ramos, José Díaz, Cristóbal Reaño, Anny Colmenares, Marcos Gonzáles, Betty Coronel, y José Custodio.
