Contraloría detecta perjuicio económico superior a S/ 122.000 en el Gobierno Regional de Áncash
Ente de control informó que se realizaron pagos indebidos a personal reincorporado por medida cautelar. Habría responsabilidad en 7 funcionarios y servidores públicos.
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Un perjuicio económico de 122.670 soles identificó la Contraloría General de la República en el Gobierno Regional de Áncash, producto del pago de planillas de incentivo único a trabajadores, a pesar de que, por su condición laboral, no les correspondía recibir dicho beneficio.
El ente de control informó que el 13 de agosto del 2020, sin considerar el marco normativo, la Subgerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional (GORE) de Áncash suscribió un acta de compromiso de pago a favor de 21 trabajadores que prestaban servicios mediante medidas cautelares derivados de mandatos judiciales de la Corte Superior de Justicia de Áncash.
La Contraloría manifestó que dicho pago afectó los recursos debidamente presupuestados del régimen laboral del Decreto Legislativo n.° 276, a pesar de que los beneficiarios no estaban sujetos al mencionado régimen. Fue así que, entre los meses de julio a diciembre de 2020, los funcionarios del gobierno regional autorizaron y tramitaron el pago del incentivo único a favor de los 21 trabajadores. Los hechos contravinieron la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020.
De la búsqueda efectuada en la página institucional del Poder Judicial - Consulta de expedientes judiciales se advirtió que, de los 21 trabajadores contratados al momento de su cese bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicio (CAS) y/o locación de servicio, solo 16 cuentan con medida cautelar, mientras que cuatro de ellos no cuentan con dicho recurso judicial y uno tiene medida cautelar infundada.
Contraloría indicó que siete funcionarios tendría responsabilidad administrativa
Además, de la revisión de las medidas cautelares se advierte que solo se dispuso su reincorporación a los puestos de trabajo y/o similares que venían desempeñando al momento de su cese, lo que no implicaba su ingreso a la carrera pública conforme lo establece el Decreto Legislativo 276 y el Decreto Supremo n.° 05-90-PCM, cuyo acceso es únicamente por concurso público, por lo que no les correspondía recibir el incentivo económico.
Los hallazgos se encuentran en el Informe de Control Específico n.° 058-2021-2-5332, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA, el mismo que identificó presunta responsabilidad administrativa en siete funcionarios y servidores públicos del GRA, sobre cinco de ellos recaería adicionalmente presunta responsabilidad penal.
Periodista egresado de la UDCh (Universidad Particular de Chiclayo), redactor del diario La República desde el año 1996.
