Áncash: detectan perjuicio de S/ 3,4 millones por pago irregular en incentivos laborales

Un perjuicio económico mayor a los 3,4 millones de soles fue detectado por la Contraloría General de la República en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pomabamba, región Áncash, debido a que aprobaron y otorgaron el pago irregular de incentivos laborales adicionales a favor de sí mismos y de trabajadores administrativos sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Este hecho afectó el presupuesto destinado a los docentes.

La Contraloría General de la República, a través de una nota de prensa, informó que 17 funcionarios y servidores públicos de la UGEL de Pomabamba tendrían presunta responsabilidad administrativa y penal en el pago irregular de incentivos laborales.

El ente de control, en el informe de Auditoría de Cumplimiento N.º 20135-2021-CG/GRAN-AC, indicó que —durante el periodo de enero del 2019 a diciembre del 2020— los funcionarios y servidores públicos de la UGEL autorizaron el pago adicional de incentivos laborales a pesar de que ya habían recibido el que fue determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por lo que no les correspondía recibir montos adicionales.

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“Para concretar el desembolso irregular mediante un abono a sus cuentas a través del Subcomité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (Subcafae), se utilizó el presupuesto destinado al pago de docentes nombrados y contratados de las instituciones de Educación Básica Regular, vulnerando el Decreto Legislativo N.º 1440 del Sistema Nacional del Presupuesto Público, que establece que los créditos presupuestarios se utilizan exclusivamente para la finalidad autorizada”, precisó.

Manifestó que en el 2019 se benefició a 44 servidores públicos con el incentivo adicional, mientras que en el 2020 fueron 38 los trabajadores beneficiados. En ambos casos se encontraba incluido el personal administrativo encargado de controlar el presupuesto y la administración de los recursos públicos de la entidad.

El informe de control fue notificado al titular de la UGEL Pomabamba y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para las acciones que correspondan, así como también fue derivado al procurador público de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales contra cuatro de los 17 funcionarios presuntamente implicados en estos hechos.