Piura: funcionarios habrían evitado sanción a contratista por demora en entrega de ambulancias
La Contraloría advirtió que no se aplicó penalidad a contratistas por retrasos en la entrega de los vehículos.
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Tres funcionarios del Gobierno Regional de Piura habrían incurrido en responsabilidad penal por no aplicar una sanción a contratistas debido a un retraso en la entrega de ambulancias tipo urbanas y rurales para establecimientos de salud, lo cual ocasionó un perjuicio económico de más de S/ 82.000, según la Contraloría General.
De acuerdo con la revisión efectuada a dos procedimientos de selección, uno para la adquisición de dos ambulancias para los establecimientos de salud de La Unión y San Pedro por S/ 558.000 y otro para la compra de cinco ambulancias rurales para el Sistema de Atención Móvil de Emergencias (SAMU) y establecimientos de la Diresa por S/ 2 135 000, se determinó que los bienes no fueron entregados oportunamente en las fechas establecidas.
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A pesar de que esta situación debía generar la aplicación y cobro de penalidades a los contratistas, esto no ocurrió, al parecer, debido al accionar consciente y voluntario de los funcionarios y servidores de la entidad, quienes otorgaron ampliaciones de plazo y conformidad a los contratistas, a pesar de que no correspondían tales ampliaciones.
Esto permitió que los vehículos sean entregados fuera del plazo contractual (20 y 60 días calendarios, según el procedimiento de selección) y generó un perjuicio de S/ 82.487,58, debido a la inaplicación de la penalidad por mora en la ejecución contractual.
En el caso de las dos primeras ambulancias, estas fueron entregadas el 20 de julio de 2020, es decir, dieciocho días después del plazo contractual. La entidad pagó el monto acordado y no aplicó la penalidad correspondiente.
Respecto al segundo procedimiento que se dividió en una compra de S/ 379.000 y otra de S/ 1 756 000, la entrega de los vehículos ocurrió tres días después del plazo. Incluso, al contratista se le dio 10 días calendario para que cambie tres de las unidades porque su año de fabricación era del 2019 y no del 2020 conforme a su propuesta. Aquí la Diresa cumplió con el pago correspondiente y tampoco se aplicó la penalidad por retraso injustificado.
