Piura: Comunidad Campesina de Máncora exige que petrolera CNPC pague US$ 11 millones
Además de contaminar los territorios comunales y el mar de este distrito, la compañía no estaría aportando beneficios a la comunidad.
La República en GooglePiura. Cansados de la indiferencia de la petrolera CNPC, los dirigentes de la Comunidad Campesina de Máncora denunciaron que esta compañía debe más de 11 millones de dólares por explotar más de 6.000 hectáreas de terreno perteneciente a su comunidad. Además, acusaron a la compañía de contaminación ambiental, ya que, lejos de ejecutar trabajos de responsabilidad social, ocasiona derrame de petróleo en zonas que es hogar de fauna silvestre; así como contaminación al mar de este distrito y la tala indiscriminada.
El asesor legal de la institución comunal, Erick Reyes, explicó que en el año 1996, bajo una presunta irresponsabilidad de la presidencia comunal de ese entonces, la comunidad campesina entregó el lote número 10 a la empresa petrolera, bajo el concepto de servidumbre gratuita.
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Los derrames de petróleo son constantes, según los comuneros. Foto: Comunidad Campesina de Máncora
Ante este hecho que indignó a los comuneros, en el año 2006 solicitaron ante el Poder Judicial la nulidad del acta que permitía a la compañía trabajar en tierras comunales sin dejar ningún beneficio para la comunidad. Transcurridos cinco años de juicio, el Poder Judicial otorgó la nulidad del acta a favor de los comuneros.
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Lejos de acatar la orden judicial, CNPC (argumentan los comuneros) continúa trabajando en sus tierras con total normalidad. Esto, a pesar de que citaron a los representantes de le empresa para llegar a una conciliación.
Asimismo, los manifestantes señalaron tajantemente que la petrolera estaría generando contaminación, debido a que constantemente hay derrame de petróleo que atenta contra la fauna silvestre. Además, los demandantes aseguran que los perjuicios ambientales son frecuentes con la tala de árboles y contaminación del mar. Incluso, aseveraron que no pueden ingresar a su propio territorio, porque los principales accesos se encuentran bloqueados.
Sin respuesta
La República intentó obtener la respuesta a tales acusaciones, pero ningún representante brindó información. El abogado José Ascencio se limitó a decir que no tiene autorización para dar declaraciones. La misma respuesta se consiguió del Área de Relaciones Comunitarias de la citada empresa internacional.
