Vacunagate: hallan indicios de responsabilidad penal en exfuncionarios de Cancillería y de Diresa Loreto
La Contraloría General de la República también detectó irregularidades en personal del Digemid y el Instituto Nacional de Salud.
La Contraloría General de la República encontró evidencias de responsabilidad penal en tres exfuncionarios de la Cancillería y dos pertenecientes a la Dirección Regional de Salud de Loreto por el caso Vacunagate. Estos ciudadanos se habrían inmunizado de manera irregular con dosis de Sinopharm en el año 2020 e inicios de 2021.
“La exministra de Relaciones Exteriores, un asesor principal del despacho ministerial, y un funcionario de Cancillería también, que fue destacado al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros”, informó Luis Robas, gerente de Control de Mega operaciones de la Contraloría, en Canal N.
No solo eso, la autoridad expresó que halló responsabilidad administrativa en cinco funcionarios de la Cancillería que dirigía la exministra Elizabeth Astete. “Hemos recomendado a la Procuraduría Pública hacer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para que se verifiquen y se investiguen las responsabilidades de naturaleza penal”, agregó.
Asimismo, dos funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Loreto también habrían tenido responsabilidad penal en la modalidad de peculado. Esto a raíz de la inmunización de personas con la vacuna Pfizer en algunas autoridades que no formaban parte de los grupos priorizados.
“Tanto el director regional de Salud de aquel entonces, como la directora de inmunización y cadena de frío, encargada de la vacuna, organizaron esta vacunación al margen de las normas”, señala la Cancillería. Por otro lado, el rector Orestes Cachay y el vicerrector Felipe San Martín de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también tendrían responsabilidad administrativa, ya que no tenían relación con el equipo de investigación o relacionados.
Por último, la Contraloría detectó irregularidades en personal de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y el Instituto Nacional de Salud. En total se tiene a 13 funcionarios más que enfrentarán estos procesos.
