Defensoría: Minedu debe asegurar condiciones para educación presencial y semipresencial

Tras llevar a cabo una supervisión al Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo pudo detectar algunas situaciones que deben ser subsanadas inmediatamente para evitar contagios de COVID-19 entre el personal docente y los estudiantes, tras el reinicio de las clases presenciales en algunas instituciones educativas públicas.

Según los resultados de la supervisión, los hallazgos más alarmantes se encontraban en siete de las once unidades de gestión educativa local (UGEL) que reanudaron sus clases con algún grado de presencialidad.

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En esa línea, la Defensoría encontró que en varias de ellas no se entregó mascarillas ni protectores faciales, y tampoco se realizaron campañas de despistaje de COVID-19 o no se cumplió con la desinfección de las aulas y otros ambientes de los planteles.

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Las UGEL incluidas en la lista de observaciones son las de Río Santiago, en Amazonas; San Ignacio de Loyola-Ichuña y Moquegua, en Moquegua; Surcubamba, en Huancavelica; Mariscal Cáceres, en San Martín; Purús, en Ucayali; y Huarochirí, en Lima Provincias.

Por otro lado, se descubrió que 12 UGEL no habían confirmado aún sus grupos intersectoriales, y que cuatro no lo hicieron con sus equipos de alerta temprana, pese a ser elementos obligatorios para hacer seguimiento al servicio educativo presencial en el ámbito regional o local.

Asimismo, 10 UGEL informaron que ninguna institución educativa cumplió con remitir sus planes de implementación del servicio educativo, lo que podría dificultar el monitoreo eficiente a la labor que vienen cumpliendo.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo precisó que la entidad continuará haciendo seguimiento durante todo el año a las condiciones en que se presta el servicio educativo en todo el país, a través de sus 38 oficinas y módulos defensoriales.