Trabajo cuestiona intervención de la Policía en Cayaltí

El gerente regional de Trabajo de Lambayeque, Abel Gonzales Sánchez, cuestionó la falta de equidad y justicia a favor de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Cayaltí (provincia de Chiclayo), que desde hace ocho meses no reciben sueldo.

Así lo declaró al término de la mesa de diálogo que convocó la Prefectura y a la que no asistió el gerente de la empresa, Augusto Cillóniz, lo que generó el rechazo no solo del funcionario, también del jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes.

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Gonzales señaló que los representantes de la empresa cuestionaron la instalación de la mesa de diálogo, sin embargo dijo que la Gerencia de Trabajo designó a la Prefectura como veedora del problema social que existe en Cayaltí. El objetivo a lograr es que se cancelen los sueldos a los trabajadores, enfatizó.

“Es preocupante que exista desigualdad entre las partes porque no tiene el mismo efecto el reclamo de los trabajadores respecto a la vulneración de sus derechos. ¿Por qué las autoridades no acuden al llamado de los trabajadores, pero sí del empleador cuando solicitan garantías?, ¿Por qué la participación de efectivos policiales en un operativo frente a indefensos trabajadores que realizan un justo reclamo para el pago de sus beneficios sociales?”, se preguntó.

De esta manera, Gonzales Sánchez cuestionó la intervención de casi 500 efectivos policiales en la otrora azucarera. Cabe indicar que el 22 de febrero de este año, en presencia de la fiscal de Prevención del Delito, Patricia Coronado Rojas, con gases lacrimógenos y disparos de perdigones, los custodios del orden desalojaron a los accionistas que se encontraban en la ex casa hacienda, el servicentro y la ex fábrica, pese que la huelga laboral fue declarada legal por la Zona de Trabajo.

Asimismo dijo que Intipuquio incumple con las aportaciones a EsSalud, lo que expone la vida de los cayaltileños. “Son muchos los trabajadores con enfermedades crónicas, pero no reciben atención médica”, lamentó y advirtió que por la falta de pagos y el alto índice de pobreza, existe el riesgo de que los niños no retornen a sus centros educativos.

También mencionó que la falta de aportaciones es porque la empresa declaró con licencia sin goce de haber a 150 trabajadores que acatan la paralización.