Sociedad

Así operaba mafia para entrega ‘exprés’ de brevetes en Cusco

Licencias truchas. De 21 expedientes revisados, 19 tenían firma y huella dactilar falsa, y ninguno pasó el examen de manejo. Funcionarios de Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones avalaron irregularidad.

PERITAJES. Policía determinó que de 21 expedientes, 19 tenían firmas falsas y 18  huellas dactilares que no eran de postulantes.
PERITAJES. Policía determinó que de 21 expedientes, 19 tenían firmas falsas y 18 huellas dactilares que no eran de postulantes.

José Víctor Salcedo

La entrega de licencias de conducir en Cusco era manejada por una red de operadores dentro y fuera de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC). Hay pruebas de la entrega de brevetes a personas que no firmaron, no colocaron su huella dactilar ni dieron el examen de manejo. Contraloría reveló vicios administrativos y penales en un informe que ya es público.

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Hay nueve servidores y funcionarios involucrados: los evaluadores Damaso Condori Saico, Zenón Apaza Ccorimanya, Genaro Quispe Gutiérrez, Mario Hugo Quispe Quispe y Efraín Flores Valenzuela; los funcionarios de la subdirección de Circulación y Seguridad Vial, Ferdinan Bellido Ticona y Celmira Sierra Valdeiglesias; y de la Dirección de Transporte Terrestre, Francisco Paredes Ojeda y Deyvis Masías Sánchez. Todos siguen trabajando en Transportes y Comunicaciones. Una de ellas, Celmira Sierra, fue candidata al Congreso por UPP.

Contraloría revisó solo 21 expedientes de solicitudes de licencias de conducir que ingresaron en 2018. Del total, 19 postulantes obtuvieron su brevete en forma ilegal. La oficina de Criminalística de la Policía hizo peritajes que determinaron que no existe identidad dactilar en 18 expedientes y que 19 firmas son falsas. Transportes entrega cada año alrededor de 7 000 licencias solo de la categoría A-1. Y en promedio, cada día, 35 personas aprueban el examen de manejo. ¿Cómo operó la red que facilitaba la entrega ‘exprés’ de licencias de conducir? ¿A cambio de qué?

Ahora se sabe solo cómo operaba la “mafia”. Hay una cadena de responsabilidades penales y administrativas. Los evaluadores no cumplieron su trabajo de validar la identidad, registro de huella dactilar y firma del postulante; mientras que el subdirector de Circulación y Seguridad Vial y el director de Transporte Terrestre validaron las hojas de evaluación sin revisarlas con rigurosidad. En los 19 casos, ninguno observó el proceso irregular.

Dos casos graves

La Contraloría pidió a la Policía que identifique a los que suplantaron firmas y huellas dactilares. Se identificó a dos: Edgar Luis Farfán Pereira suplantó a Ted Hamilthon Lizana Valverde y Ronald Monroy Condori lo hizo con Alex Inga Toribio. Farfán Pereira es hijo del extrabajador de la DRTC, Edgar Farfán Flores. Este último es gerente general del centro médico Servi Cusco Vial SAC que da servicios médicos sobre exámenes psicosomáticos para la obtención de licencias. Este centro expidió la ficha médica el 3 de febrero de 2018 a nombre de Ted Hamilthon Lizana Valverde, a quien Farfán Pereira suplantó.

Más grave aún es que la empresa Inversiones Múltiples FABECO SRL está integrada por Farfán Pereira y tiene como gerente comercial a Ferdinan Bellido Ticona, quien fue subdirector de Circulación y Seguridad Vial en 2018. Bellido otorgó el visto bueno al postulante Lizana Valverde.

El segundo caso corresponde al postulante Alex Inga Toribio. Tramitó su licencia en enero de 2018. El evaluador fue Mario Hugo Quispe Quispe. Nuevamente, la hoja de evaluación cuenta con el visto bueno de Ferdinan Bellido Ticona y de Francisco Paredes Ojeda, director de Transporte Terrestre en aquel año.

Funcionarios no protegieron interés común

Contraloría señala que los nueve funcionarios incumplieron sus funciones y transgredieron las leyes que norman la expedición de licencias de conducir. “Se vulneró el principio de protección del interés común”.

Algunos investigados presentaron sus descargos acompañados de documentos. Genaro Quispe, Francisco Paredes Ojeda y Ferdinan Tello lo hicieron sin documentación. En tanto, Deyvis Masías Sánchez (director de Transporte Terrestre) y Celmira Sierra Valdeiglesias (subdirectora de Licencias de Conducir y Seguridad Vial) optaron por no responder a la Contraloría.

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