Túpac Amaru y la derrota de larga duración

“Debió esperarse más de dos siglos para que la Constitución de 1979 reconociera a los indígenas como ciudadanos, al levantar el veto que excluía a analfabetos del derecho al voto”.

Nelson Manrique
Nelson Manrique

Hace 239 años, el 4 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II dio inicio a la rebelión indígena más grande de América. Fue en Yanaoca, Canas, donde se dio ese primer grito de libertad americana. Los cronistas de la época hablan de 100,000 muertos, sobre una población de 1 millón de habitantes, como saldo de la Gran Rebelión. Planteo algunas reflexiones sobre el impacto de su derrota en la larga duración.

Túpac Amaru era un curaca, es decir pertenecía a una nobleza india de sangre, con títulos nobiliarios hereditarios reconocidos por la legislación hispana, y un conjunto de privilegios asociados a dicha condición: no pagaba el tributo indígena ni iba a la mita colonial, recibió educación en escuelas para hijos de curacas, podía montar a caballo, usar armas, vestir a la usanza española y poseer sirvientes y esclavos, tierras y otros patrimonios. La profesora Claudia Rosas registra en su tesis doctoral la existencia de curacas propietarios de carabelas, con las cuales negociaban con España. A cambio, los curacas debían actuar como funcionarios del orden colonial: cobrar el tributo, hacer las listas para la mita, encargarse de que se cumplieran las disposiciones de la corona, etc.

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Túpac Amaru II formaba parte de una élite económica, social y cultural muy importante. Él era arriero y propietario de una recua de 350 mulas con la cual trajinaba en la crucial ruta mercantil que unía Cusco con Potosí. Es el equivalente a ser hoy propietario de una flota de camiones y, de acuerdo a nuestras categorías económicas contemporáneas, debería caracterizársele como un emergente burgués mercantil. Era semejante la condición de otros arrieros como sus hermanos Diego y Cristóbal, Pedro Vilcapaza en Puno, y los hermanos Katari en Bolivia, todos importantes líderes de la Gran Rebelión.

Los curacas constituían además una élite política e intelectual. Túpac Amaru conocía el castellano, el quechua y el latín. Como sus contemporáneos, había leído a los ideólogos de la Ilustración y los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega. Fue capaz de formular un proyecto político de restauración de un Tahuantinsuyo, que debía incorporar a los criollos, mestizos y negros y a la Iglesia Católica.

Se entiende el terror que debió provocar su acción. Inmediatamente después de su ejecución se decidió la castellanización forzada de la población india en cinco años, se prohibieron los Comentarios Reales y demás literatura subversiva y se dispuso que, como han mostrado el profesor Luis Millones y David Cahill, se procediera a remplazar a los curacas indios que iban muriendo por curacas mestizos, e incluso blancos. Luego se fue despojando a los curacas de sus funciones, debilitándolos cada vez más. Los señores étnicos andinos recibieron el golpe de gracia en 1825, con la disposición de Simón Bolívar de declarar abolidos los títulos nobiliarios, tanto españoles como andinos.

La desaparición de los curacas privó a las poblaciones andinas de la elite intelectual que habría permitido la emergencia de nacionalismos indios, articulando propuestas de identidad que las convirtieran en sujetos políticos. Privados de esta elite, quedaron confinadas a la condición de grupos étnicos dispersos, incapaces de articular sus demandas en una escala global, condenados a protagonizar levantamientos locales, que terminaban ahogados en sangre.

Los alcaldes de indios, luego alcaldes-vara, que sucedieron a los curacas, tuvieron que trabajar como sirvientes en las casas de los representantes del poder central y de la Iglesia para obtener un reconocimiento como autoridades indias. Y debió esperarse más de dos siglos para que la Constitución de 1979, finalmente, reconociera a los indígenas como ciudadanos, al levantar el veto que excluía a los analfabetos del derecho al voto.

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