Keiko Fujimori: PJ cambia a la jueza que anuló juicio del caso cócteles
En un comunicado público, el Poder Judicial descartó que los cambios de juezas en la Corte Penal Nacional tengan una intencionalidad política. Son de carácter administrativo y no afectan ni alteran el desarrollo de los juicios.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, cambió y dio por concluida la designación de la jueza penal titular Juana Mercedes Caballero García como integrante y presidenta del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, que tiene a su cargo los juicios a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y el expresidente Ollanta Humala Tasso.
A través de un comunicado público, el Poder Judicial informó que estos cambios se dan ante "el nombramiento de cuatro jueces titulares por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)" y se privilegió la salida de los últimos magistrados incorporados a la Corte Especializada y en los tribunales con menor carga procesal, para evitar quiebre de juicios.
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Nuevos jueces ingresan a la Corte Penal Nacional
Los jueces Andy Rodríguez Junior, Christian Alfaro Cáceres, el presidente de la Corte Penal Nacional, Jhonny Contreras Cuzcano, Liliana Lizárraga Arqueros y Wilmer Quispe Umasi
Los nuevos jueces titulares de la Corte Superior Nacional, Andy Rodríguez Junior, Christian Alfaro Cáceres, Liliana Lizárraga Arqueros y Wilmer Quispe Umasi, juramentaron su cargo ante el presidente de este sistema especializado, Jhonny Contreras Cuzcano para asumir sus funciones de inmediato.
La doctora Caballero García regresará como jueza penal titular a su juzgado de origen, en la Corte Superior de Justicia de Huaura. El lugar de Caballero García será ocupado por el juez penal titular Wilmer Roy Quispe Umasi, nombrado en diciembre pasado como magistrado titular por la JNJ.
Este cambio, tal como había adelantado La República, supondrá el regreso de la jueza penal titular Nayko Techy Coronado Salazar como presidenta del Tercer Juzgado Penal Colegiado. Coronado Salazar fue la única magistrada que votó en contra de anular el juicio del caso Cócteles, al considerar que pese a la sentencia del Tribunal Constitucional, las audiencias podrían continuar.
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En marzo del 2024, la incorporación de Caballero García al Tercer Juzgado Penal Colegiado provocó que Nayko Coronado deje la presidencia. Ahora, regresará a ese cargo al ser la magistrada con más antigüedad de nombramiento.
Los jueces Caballero García y Max Vengoa Valdiglesias votaron por anular el juicio del caso cócteles al extender a todos los procesados los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional que consideró que José Chlimper Ackerman fue objeto de una "acusación sorpresiva" de parte del fiscal José Domingo Pérez. El caso se encuentra en apelación y si la instancia superior ordena que el proceso prosiga, el tribunal tendrá otros magistrados.
El cambio de Mercedes Caballero no fue el único. También se dieron por concluidas las designaciones de los jueces Lorena Paola Sandoval Huertas en el Cuarto Juzgado Penal Colegiado, por lo que regresará a su juzgado de origen en el Juzgado Mixto de Marañón, en el distrito judicial de Huánuco. Su lugar será ocupado por el juez Andy Junior Rodríguez Domínguez.
Igualmente, se dieron por concluidas las designaciones de Inés Rojas Contreras y Richard Quispe Vilcapoma en el Segundo Juzgado Penal Colegiado, retornando a su plaza de origen en las Cortes Superiores de Justicia de Lima y Junín, respectivamente.
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En su lugar, fueron designados los nuevos jueces penales titulares Cristhian Genaro Alfaro Cáceres y Liliana Marisol Lizárraga Arqueros, también recientemente nombrados magistrados del Poder Judicial por la Junta Nacional de Justicia.
Para evitar que estos cambios provoquen el quiebre de algún juicio actualmente en desarrollo, como el proceso al expresidente Ollanta Humala que se encuentra en audiencias finales, el Consejo Ejecutivo dispuso que Caballero García y los otros tres magistrados cambiados prosigan viendo los juicios a su cargo, para evitar algún quiebre.
"Tendrán que intervenir en los casos que la ley procesal lo dispone de manera imperativa, para evitar el quiebre de juicios orales o frustrar la conclusión de los requerimiento y solicitudes que se encuentran a la fecha en trámite avanzado. El incumplimiento de la mencionada disposición generará responsabilidad disciplinaria", estableció el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
