Fiscalía de DD. HH. asume carpeta sobre ingreso ilegal de la PNP a San Marcos
Paso de tortuga. Se cumplen tres meses de la intervención y las detenciones arbitrarias de ciudadanos al interior de la universidad. El Ministerio Público avanza con lentitud.
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El fiscal provincial penal de Lima César Alegre Landaveri decidió que la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y las detenciones arbitrarias de cerca de 200 personas en adelante sea investigado por una fiscalía especializada en derechos humanos.
Así, a través de una resolución, decidió trasladar la carpeta fiscal que tenía a su cargo a la Primera Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad. En la misma línea, suspendió todas las diligencias de declaraciones que había programado para abril.
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El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Carlos Rivera Paz, quien participa en el patrocinio de dos estudiantes detenidos en forma arbitraria, destacó esta decisión, por cuanto habrá mayores garantías para aplicar “procedimientos y estrategias propias que conocen y utilizan las fiscalías de derechos humanos”.
Rivera Paz explicó que en otros casos de derechos humanos que han estado a cargo de las fiscalías comunes “se han presentado diversos problemas, como la errónea tipificación de los hechos, derivación de la investigación a la Policía o no consideración que son crímenes complejos”.
La intervención de la Policía en San Marcos resultó en decenas de detenciones a ciudadanos que venían de regiones. Foto: PNP/difusión
Proceso a paso lento
El ingreso ilegal a la universidad San Marcos se produjo el pasado 22 de enero, en el marco de las protestas sociales contra Dina Boluarte y el Congreso. Fueron cerca de 200 los detenidos en forma arbitraria.
Han transcurrido tres meses y el Ministerio Público, bajo la gestión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no ha evidenciado un interés real por esclarecer prontamente los hechos para denunciar a quienes resulten responsables.
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Recién a inicios de abril fue creado el equipo fiscal especial para investigar los delitos ocurridos en las protestas. Carlos Rivera Paz, sobre el caso San Marcos, considera que una primera gran decisión debe ser incorporar a los jefes policiales como presuntos responsables, incluyendo al general PNP Víctor Zanabria, jefe de la Séptima Región Policial.
