Contraloría sugiere denunciar penalmente a hermano de Boluarte por ser contratado en municipalidad

La Contraloría General de la República recomienda denunciar penalmente al hermano de Dina Boluarte, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, por aceptar el cargo de asesor en la Municipalidad de Pueblo Libre en agosto de 2021 y declarar no haber estado impedido de contratar con el Estado a pesar de que, para dicho mes, su familiar ya había jurado como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

El informe de control 007-2022-2-2160-SCE también concluye que habrían incurrido en responsabilidad funcional Karl Mandros Poblet y Alberto Cordero Núñez, gerente municipal y subgerente de Recursos Humanos de la comuna de Pueblo Libre, respectivamente.

Según recoge el documento, Cordero Núñez propuso a Wigberto Boluarte, toda vez que fue “parte del equipo de transferencia de gestión del titular entrante para la gestión municipal 2019-2022, así como también se consideraba su amplia experiencia en la gestión pública”.

Es así que Boluarte Zegarra, de acuerdo con su versión de los hechos, fue invitado por el burgomaestre “en la última semana de julio”, por lo que remitió su legajo personal al despacho municipal.

El 4 de agosto de 2021, se solicitó a Cordero Núñez la opinión de la Subgerencia de Recursos Humanos sobre si el entonces candidato para asesor cumplía con el perfil necesario para el puesto.

El informe requerido concluye que sí cumple con los supuestos para ser contratado. Sin embargo, la Contraloría alertó que el subgerente de RR. HH. se limitó a la verificación y evaluación del curriculum vitae, y que en ningún extremo se hizo una revisión para determinar si Wigberto Boluarte estaba impedido de trabajar para el Estado.

Fue el 10 de agosto que Cordero Núñez solicitó a Boluarte Zegarra llenar la declaración jurada sobre impedimento de contratar con el Estado.

“Declaro, bajo juramento, que no me encuentro incurso en ninguna de las causales que impiden mi contratación bajo el Régimen de Contratación Administrativo de Servicios, regulada en el Decreto Legislativo N 1067 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N 075 2008-PCM y sus modificatorias”, aseveró el hermano de la vicepresidenta.

Incluso, Wigberto Boluarte consignó a Dina Boluarte en su declaración jurada de intereses que presentó ante la Contraloría en abril de 2022. “Teniendo conocimiento de dicho impedimento, suscribió y presentó la mencionada declaración, con lo que habría faltado a la verdad”, se lee en el informe de control.

“Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido previsto en la normativa señalada, lo que da mérito al inicio del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente; asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, lo que da mérito al inicio de las acciones legales a cargo de las instancias competentes”, concluye el documento.

Acciones

Antes de la publicación del informe de control, Wigberto Boluarte interpuso una acción de amparo en contra de la Contraloría General de la República con el fin de que se “cese con la amenaza que pesa sobre derechos constitucionalmente garantizados y que podrían ser conculcados”.

Específicamente, Boluarte Zegarra planteó la demanda luego de que el Órgano de Control Institucional solicitara información a la Municipalidad de Pueblo Libre sobre las acciones tomadas en su presunta designación irregular como asesor del burgomaestre.

El amparo fue admitido el último 30 de setiembre por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Jonathan Valencia, quien programó la audiencia para el 19 de enero del 2023.

Tribunal Constitucional

En su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha establecido que el impedimento para que familiares de altos funcionarios contraten con el Estado se limita únicamente al ámbito de influencia en el que este último labora.

En el presente caso, Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra no podría trabajar solamente en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pese a ello, la Contraloría recomienda que sea denunciado penalmente.

El TC también interpretó que, en el caso de vicepresidentes, la restricción para que familiares laboren en Palacio de Gobierno se activaría solo en caso de que asuman la presidencia de la República.