Permiten que acusación constitucional contra Salas Arenas quede en manos del fujimorismo
Congreso. Subcomisión de Acusaciones aún no toma en cuenta la recusación presentada por el presidente del JNE y, por el contrario, encomienda al fujimorista Héctor Ventura, quien habría adelantado opinión, la elaboración de un informe para acusarlo.
Un proceso sin garantías. El futuro de una denuncia constitucional en contra del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, por presunta negociación incompatible, está en manos del congresista Héctor Ventura, quien pertenece a Fuerza Popular, partido que lideró el coro de las denuncias de fraude electoral en 2021.
Salas Arenas presentó una recusación contra el fujimorista Ventura y el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) el 23 de setiembre, a las 9:30 de la mañana, en un oficio enviado a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), María Acuña (Alianza para el Progreso). El magistrado pedía que no se les encargara la denuncia constitucional (DC 352) formulada en su contra por la legisladora Rosselli Amuruz por la contratación del politólogo Fernando Tuesta en el JNE.
La República accedió al oficio. En esa recusación, el magistrado recuerda que Montoya fue presidente de la comisión investigadora de los resultados electorales del 2021 y que Ventura, “que ha hecho conocer sus afanes de lograr mi renuncia o mi expulsión del JNE a través de los mecanismos congresales, ha expresado abiertamente el interés directo que tiene en que sea retirado del cargo”.
“Ambos señores adelantaron su parecer ante la colectividad”, enfatizó el oficio de Salas Arenas.
En el documento también recordó que la Corte IDH le precisó al Congreso que todo proceso de acusación constitucional “deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial”.
Pero sus observaciones no habrían sido tomadas en cuenta. Media hora después de que envió ese oficio hubo una sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Acuña no designó a Montoya y Ventura como ponentes en la DC 352, pero al fujimorista le encomendó la DC 469 por presunta negociación incompatible.
Se trata de una investigación que se basa en el testimonio del exjuez Walter Ríos sobre una supuesta presión de Salas en una recomendación laboral. El magistrado ha rechazado ese señalamiento.
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El 24 de setiembre, según información de la agenda de la SAC, el presidente del JNE envió otro oficio a Acuña pidiendo la inhibición de Ventura en la DC 469.
El viernes 4 de octubre la presidenta de la SAC dio cuenta del ingreso de los oficios enviados por Salas Arenas y básicamente dijo “agréguese al expediente”. Es incierto cuándo la Subcomisión discutirá las solicitudes del magistrado. Este diario buscó la explicación de la congresista Acuña y también llamó por WhatsApp al legislador Ventura, pero ninguno respondió al cierre de esta nota.
Ventura tiene 15 días para presentar su informe final contra el magistrado. Así avanza este proceso de acusación constitucional a un mes de que Salas Arenas culmine su periodo y de que la Corte Suprema del Poder Judicial elija a su reemplazo.
En el Congreso, en paralelo, está a la espera de ser deliberado un proyecto de ley del fujimorismo que modifica la modalidad de elección del presidente del JNE.
