Congreso: Procuraduría y Poder Judicial contra proyecto fujimorista
De extinción de dominio. Perciben propuesta para modificar la norma de incautación de bienes ilícitamente adquiridos, como un golpe en ciernes a la lucha para combatir la criminalidad. Pese a ello, la Comisión de Justicia la dictaminó y está en agenda del pleno.
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La Procuraduría General del Estado y el Poder Judicial coincidieron en alertar al Congreso del peligro del proyecto que busca cambiar la Ley de Extinción de Dominio, que ha permitido recuperar bienes adquiridos ilícitamente. Ambas entidades informaron a la Comisión de Justicia que la iniciativa haría que la norma pierda su efecto. Pese a ello, la dictaminaron y está en la agenda del pleno.
El proyecto, presentado por el fujimorista Jorge Morante y suscrito por otros legisladores ‘naranjas’, plantea que en la Ley de Extinción de Dominio se entienda como actividad ilícita’ a “toda acción u omisión delictiva contraria al ordenamiento jurídico penal”. Según los expertos, esto haría que la incautación de bienes requiera condena judicial en un caso penal, algo que tarda mucho y que limitaría demasiado la incautación de bienes.
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La propuesta fue aprobada en la Comisión de Justicia y está pendiente la decisión del Pleno del Congreso. En la última sesión plenaria, el jueves 21, estuvo en la agenda, pero no se abordó porque no alcanzó el tiempo.
La Procuraduría General alega que la extinción de dominio es una “herramienta de política criminal independiente y autónoma del proceso penal, dirigida específicamente contra bienes y fortunas adquiridos como producto de actividades ilícitas” y que “no se restringe a actividades ilícitas contrarias al ordenamiento jurídico penal, sino que lo amplía a todo ámbito del ordenamiento jurídico, como puede ser administrativo, civil, tributario, entre otros”. Es decir, no depende del caso penal y no siempre hay un proceso de este tipo, sino que pueden ser de otra categoría, como la administrativa o la tributaria.
Advirtió que el proyecto se equivoca al considerar la extinción de dominio como “una figura de naturaleza de responsabilidad penal y la vincula a los fines de la pena”, y de seguir ese camino generaría un serio perjuicio en el enfrentamiento al crimen.
“Va a significar un retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción, el lavado de activos, minería ilegal, entre otras actividades ilícitas que sin ser delito generan patrimonios obtenidos fuera de los límites de la ley”, dice en un informe que envió al Legislativo.
En un segundo documento destacó que con la ley vigente se obtuvieron 616 sentencias que hicieron que bienes adquiridos ilícitamente por delincuentes pasen a ser propiedad del Estado peruano. Esto equivale a más 60 millones de dólares en “patrimonio ilícito que se ha recuperado a favor del Estado”.
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial también alertó al Congreso. En un informe, aduce que el proyecto es “inconstitucional e inconvencional” por pretender que la incautación requiera una condena en un caso penal. Criticó la propuesta por considerar que ignora la diferencia entre un proceso dependiente de una condena y un proceso autónomo, como es necesariamente la extinción de dominio para que funcione.
La propuesta tiene respaldo del fujimorismo
El proyecto que busca modificar la Ley de Extinción de Dominio fue presentado por el congresista fujimorista Jorge Morante el 17 de noviembre del año pasado. Lo suscribieron además sus compañeros ‘naranjas’ Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Juan Carlos Lizarzaburu, Nilza Chacón, Jeny López y César Revilla.
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Fue aprobado por la Comisión de Justicia el 26 de abril con un texto sustitutorio que, según los expertos, mantiene el peligro si se hace ley
El último miércoles 20, entró a la agenda del pleno del día siguiente por una ampliación acordada por la Junta de Portavoces del Parlamento, pero no pudo abordarse.
