Defensoría del Pueblo sobre contrarreforma universitaria: “Acudiremos a vía judicial”

El organismo consideró preocupante el hecho de que esta nueva medida aprobada en el Congreso elimine la facultad de cerrar universidades y licenciar programas estudiantiles.

Congreso deberá elegir al nuevo defensor del pueblo. Foto: composición de La República
Congreso deberá elegir al nuevo defensor del pueblo. Foto: composición de La República

La Defensoría del Pueblo mostró su disconformidad con la ley de contrarreforma universitaria aprobada el último miércoles 13 de julio en el pleno del Congreso de la República. Ante ello, el organismo autónomo anunció que ejercerá atribuciones constitucionales y tomarán la vía judicial para salvaguardar la calidad educativa.

“Rechazamos aprobación de ley que modifica la conformación de la Sunedu por parte del Congreso de la República. Ejerceremos atribuciones constitucionales y acudiremos a vía judicial, en defensa de una educación universitaria de calidad”, dijo a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter.

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Twitter de la Defensoría del Pueblo

Twitter de la Defensoría del Pueblo

Asimismo, consideró peligrosa esta decisión del Parlamento. “Este nocivo dictamen contradice jurisprudencia del Tribunal Constitucional, quien sentenció que la Ley Universitaria no contraviene la autonomía universitaria, y señaló características del órgano estatal responsable de supervisar calidad universitaria”, acotó.

“El TC enfatizó la obligación estatal de asegurar condiciones básicas de calidad de la educación universitaria y que dicho control lo haga un órgano estatal independiente, ajeno al control de universidades sometidas a supervisión”, continuó.

Finalmente, agregó que es preocupante que con esta nueva medida se elimine la facultad de cerrar casas de estudios superiores y licenciar programas estudiantiles.

“Ello debilita la reforma universitaria y retrocede lo avanzado. El ordenamiento constitucional peruano asigna competencias en dirección de políticas públicas a Poder Ejecutivo y a ministros. El dictamen aprobado rompe este orden, desconociendo al Ministerio de Educación su rol rector de la política de aseguramiento de la calidad universitaria”, culminó.

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