Proyecto de portabilidad eléctrica podría ser una trampa

Los congresistas de Fuerza Popular y Perú Libre promueven un proyecto de ley de portabilidad en el abastecimiento de energía eléctrica supuestamente a favor de las pequeñas empresas, pero que en realidad solo favorecería a una o dos grandes empresas generadoras.

Aparentemente, hay mucho interés en aprobar el proyecto lo antes posible. La Comisión de Energía y Minas del Congreso buscó aprobar el proyecto el lunes 26 de junio último, pero ante las críticas pospuso la votación para este viernes 1° de julio.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), en un informe dirigido al Congreso, advirtió que la reforma que se pretende aprobar puede ser perjudicial para todo el mercado eléctrico y ni siquiera es seguro que las pequeñas empresas se beneficien a corto o largo plazo.

En principio, indica que si bien se dice que beneficiará a unas 10 mil micro, pequeña y medianas empresas, solo alcanzaría a unas 5.200 pequeñas empresas con consumos entre 15 mil y 28 mil soles al mes.

Además, la futura rebaja estaría condicionada a la capacidad de negociación de la mypes con el generador y las fluctuaciones que se puedan presentar en los precios. Osinergmin anota que en los últimos años el precio de la energía en el mercado libre fue menor, pero no por eficacia sino por una distorsión en el mercado.

“Es importante resaltar que nada garantiza que las pymes y mypes, cuando migren a la modalidad de usuario regulado a usuario libre, tengan precios más económicos, dado que los precios en el mercado libre no son regulados por Osinergmin, por lo que tendrán que asumir los riesgos de negociar con el suministrador (generador o distribuidor) las variaciones de precios que se pueden presentar en el corto plazo”, dice Osinergmin.

El otro problema que advierte es la distorsión en todo el mercado eléctrico. El actual mercado libre está formado por las empresas con consumos mayores a 200 Kw al año. La norma en discusión plantea reduicir ese tope a 50 Kw anuales.

Incertidumbre

Hoy los usuarios con consumo de 200 KW anuales son abastecidos por las distribuidoras: 11 estatales y 4 privadas, que están obligadas a comprar potencia eléctrica por plazos de 10 años para asegurar el abastecimiento de sus clientes y nuevos clientes.

Los contratos actuales se firmaron entre el 2013/2018 y empiezan a vencer a fines del 2022. La ley establece que los contratos se deben negociar desde tres años antes.

Hoy hay incertidumbre en el mercado, pues las distribuidoras no saben cuánta potencia contratar, pues pueden quedarse con excedentes que no tendrán a quién vender en el futuro, si parte de sus clientes migra al mercado libre y es abastecido directamente por las generadoras.

Esto ya es un problema actual, pues al inicio del sistema no había mercado libre. El 2018 se dio una norma que permitió a las distribuidoras renegociar sus contratos. El impacto de esta renegociación, estima Osinergmin, empezará a verse en los recibos de luz de los clientes domiciliarios a partir del 2024 y prevé un incremento en las tarifas del 5%.

Si el proyecto en discusión en el Congreso se aprueba, habrá una nueva fuga de clientes que generará una mayor sobrecontratación y nuevos aumentos a los usuarios regulados.

El otro gran perjudicado es Electroperú, principal distribuidor a nivel nacional. La empresa estatal está obligada a comprar energía en cantidad y precio que asegure la sobrevivencia de las generadoras, pero si luego estas le arrebatan sus clientes tendrá un producto que no podrá vender.

Al perder Electroperú pierden los jubilados, pues las ganancias de la empresa estatal van al fondo consolidado de reserva.

Pedimos que el Congreso nos escuche

”Nosotros no estamos a favor ni en contra del proyecto del Congreso, pues no lo conocemos, nadie nos ha informado de sus alcances y beneficios, nunca se pidió nuestra opinión”, señala Ana Maria Choquehuanca, presidente de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeñas Empresas, PymePerú.

Anota que tienen muchas inquietudes pues no tienen información de cómo se establecerán los precios, los costos adicionales para pasar al mercado libre, la duración de los contratos, el tiempo de desafiliación de las distribuidoras, entre otros detalles. “Queremos saber, conocer los proyectos y no ser utilizados a favor de las grandes empresas”, subrayó.

Negociación

Precios. Las distribuidoras de energía eléctrica ya se vieron obligadas a renegociar contratos al perder grandes clientes que migraron al mercado libre, lo que genera aumentos en los precios a los clientes domiciliarios, que forman el mercado regulado.