Petroperú pasó a ser un nuevo factor de crisis política para el Gobierno de Dina Boluarte
La renuncia de cinco directores de la empresa estatal coloca al Poder Ejecutivo en un nuevo problema.
El caso de Petroperú ha dejado de ser uno de interés sectorial para convertirse en un nuevo factor de inestabilidad política en el Gobierno de Dina Boluarte.
La renuncia unánime del directorio encabezado por Oliver Stark escala la crisis. El anuncio fue hecho a través de un comunicado público. Las reacciones fueron inmediatas. Desde el Ejecutivo, la presidenta, Dina Boluarte, insistió en que la empresa estatal no será privatizada. Desde el Legislativo, Diego Bazán (Renovación Popular) anunció la recolección de firmas para proceder a la censura del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, a quien señala como “responsable político”.
Se sabía que el directorio Stark ya venía evaluando irse. El 27 de agosto publicó un comunicado en el que advirtió que el Gobierno no se había pronunciado sobre el futuro de Petroperú, le urgía a hacerlo pronto y le planteaba tres escenarios posibles: seguir inyectando capital “sin pedir ni asegurar cambios organizacionales creíbles que busquen su eficiencia”; aceptar su quiebra con las consecuencias legales y financieras a las que hubiera lugar; optar por una reestructuración profunda que incluya la inyección de dinero público con la condición de que se complemente con acciones de eficiencia organizacional implementadas con el apoyo de una firma de experiencia internacional y la inclusión de capital privado.
En los días siguientes, Stark se encargó de hacer saber a través de medios de comunicación que, si el Plan de Fortalecimiento Empresarial propuesto no iba a ser tomado en cuenta por el Gobierno, el directorio en pleno tendría que dar un paso al costado. Fuentes del Ejecutivo comentaron que este ultimátum no cayó nada bien, mucho menos en Boluarte.
De hecho, la revista Semana Económica publicó un artículo en el que informaba que una colérica jefa de Estado le exigió a Arista –el MEF es el principal accionista de Petroperú– la salida de todo el directorio.
Según esta versión, habría propuesto como reemplazo de Stark a Pedro Chira, quien ya ocupó el mismo cargo entre setiembre de 2023 y febrero de 2024. Como nuevo gerente general a Óscar Vera, exministro de Energía y Minas (Minem) en el actual Gobierno. Y para el viceministerio de Hidrocarburos, en el Minem, Boluarte habría planteado el retorno de Enrique Bisetti, que estuvo en ese puesto durante el Gobierno de Pedro Castillo. Los tres visitaron Palacio el 28 de agosto, un día después del comunicado del directorio Stark en el que se demandaban respuestas de Palacio. Versiones apuntan a que desde el Congreso -en concreto el fujimorismo- hubo resistencia al regreso de personas como Chira.
“Los señores tienen la libertad de hacerlo, yo no creo que eso ocurra y menos cuando estamos sentados analizando soluciones”, declaró el 29 de agosto el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuando le consultaron sobre la posibilidad de que el directorio de Petroperú se aleje. Pero así ocurrió.
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En el comunicado difundido ayer, los directores encabezados por Stark señalaron que, “habiendo transcurrido varios días sin que el gobierno se haya pronunciado”, decidieron renunciar de manera unánime.
“Consideramos que hemos cumplido con la responsabilidad asignada y, en las condiciones actuales, resulta inviable continuar con el encargo recibido”, explicaron. Además, advirtieron que no se harán responsables “de los alcances ni de las consecuencias de cualquier norma legal que eventualmente se apruebe, ni de la oportunidad en que se realice”.
Finalmente, dijeron esperar que la Junta General de Accionistas (JGA) tome las mejores decisiones “para un país que no quiere seguir viendo cómo los recursos escasos, necesarios para reducir las enormes brechas sociales, se destinan a Petroperú sin exigir una hoja de ruta clara, rendición de cuentas y resultados exitosos”. La JGA está conformada por el MEF y el Minem. Ahora, ambos ministerios deberán nombrar a los cinco nuevos directores.
Se fueron, además de Stark, German Boza Pró, David Tuesta, Carlos Villalobos y Pedro Gamio. Solo se mantiene Antonio Manosalva, representante de los trabajadores.
Gamio declaró en RPP que la situación de Petroperú no puede esperar más y que se encuentra “en cuidados intensivos”. “Necesitamos una hoja de ruta que conlleve a la reestructuración de la empresa y también, evidentemente, sincerar los números”, comentó.
Duro revés
Lo ocurrido puede ser calificado como un fracaso de la JGA que apostó por los directores renunciantes para darle una salida a la profunda crisis de Petroperú y que propusieron una estrategia privatizadora la cual, si bien contó con el apoyo de los gremios empresariales y diferentes medios de comunicación, no terminó de cuajar nunca en Palacio.
Ahí se llegó a un punto muerto, porque cualquier inyección económica necesita ser mediante un Decreto de Urgencia que debe llevar la firma de la mandataria.
Para muestra, lo dicho ayer por Boluarte en una actividad pública en el Callao. Calificó a la petrolera como la “única empresa estratégica que tiene la patria”, cuyos problemas, añadió, vienen “de años atrás”. “Las causas pueden ser distintas -corrupción, ineficiencia, incapacidad- pero en nuestro Gobierno se propone que Petroperú tiene que recuperar lo que antaño ha sido. Muchas veces paró la canasta peruana. Incluso el Gobierno le adeuda”, dijo.
Boluarte afirmó que “la empresa y sus funcionarios tienen que hacer meas culpas”, que no se puede tener “una planilla burocrática en tiempos de crisis” pero, al mismo tiempo, negó que Petroperú vaya a ser privatizada porque “es la única que lleva combustible, por ejemplo a Purús (Ucayali), a donde no llegan las empresas privadas”. La presidenta agregó que se tendrá especial cuidado en que ni el petróleo ni la gasolina suban sus costos perjudicando a los “más vulnerables”.
A partir de este momento se abre también una interrogante ante el futuro de los ministros Arista y Rómulo Mucho (Minem). Ellos, como declaró Gamio, “han seguido la situación de la empresa y han apoyado el proyecto de norma que está hace semanas en debate”. Incluso ya se ha empezado a especular con la renuncia de este último.
Como resulta obvio, la noticia no cayó bien entre los gremios empresariales.
La Cámara de Comercio de Lima se pronunció y le exigió a Boluarte “decisiones inmediatas”. Lamentó que por “la inacción del Gobierno” se haya precipitado la renuncia de directores “profesionales, independientes y técnicamente calificados”. La CCL advirtió también que “la insostenible situación financiera de la compañía” genera un impacto negativo en la economía peruana “debido al impacto en el creciente déficit fiscal”.
Por su parte, Jaime Dupuy, director ejecutivo de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), cuestionó que los “mensajes tranquilizadores” que habían salido de las autoridades del Gobierno en los días previos solamente “se han quedado en palabras”. Señaló que “no hemos estado acostumbrados” a tener un directorio “de gente técnica, capaz y profesional”. “Algo se tiene que hacer y es necesario iniciar este proceso de reestructuración para lograr una gestión privada. Ya es inmoral que se diga inyectando capital a una empresa prácticamente quebrada”, sostuvo en Canal N.
