La Mesa Directiva podría llegar a suspender la pensión a Fujimori
De sus cuatro integrantes, hay dos que han dicho que este beneficio debería ser interrumpido (Salhuana) o eliminado (Cerrón).
La propuesta del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso), de suspender la pensión vitalicia a favor del sentenciado Alberto Fujimori mientras se realizan las consultas técnicas a fin de determinar si es legal o no, contaría con dos votos a favor en la Mesa Directiva, uno en contra y otro por definirse.
En la reunión que tendrá lugar el viernes, el fujimorismo argumentará que se trata de un asunto meramente administrativo. Así lo ha adelantado la primera vicepresidenta, Patricia Juárez (Fuerza Popular).
"Este es un tema administrativo que le correspondía resolver al área administrativa del Congreso, así como ocurrió. No le corresponde a la Mesa Directiva debatirlo", dijo Juárez.
Por su parte, el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón (Perú Libre) ya ha zanjado posición. Ha afirmado que ningún expresidente debería recibir una pensión como la que se establece en la Ley 26519.
De hecho, Cerrón -junto con sus colegas de PL- presentó en abril de este año un proyecto que deroga dicha norma. El argumento es que se debe aplicar un criterio de igualdad con los demás regímenes pensionarios existentes en el país. Se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento, junto a otras diez iniciativas que proponen directamente derogar la Ley 26519 o suspender este beneficio en el caso de exmandatarios involucrados en delitos de función, organización criminal y/o lavado de activos y corrupción.
En tanto, el tercer vicepresidente, Alejandro Cavero (Avanza País), ha señalado que la decisión debería ser “de carácter técnico”. Cabe recordar que en abril comentó estar a favor de la pensión para Fujimori, aunque en medio del actual debate ha admitido que como la Ley 26519 “no es clara” resulta conveniente hacer consultas, tal como ha propuesto Salhuana. Ha evitado precisar si su posición original se mantiene y a las preguntas de los periodistas ha respondido que primero prefiere escuchar a todas las partes antes de decidir en un sentido.
Entonces, a partir de lo declarado por los integrantes de la MD, habría dos votos a favor de suspender el pago a Fujimori (Salhuana y Cerrón), uno en contra (Juárez) y uno en duda (Cavero). En caso de que hubiera un empate, el voto dirimente lo tendría Salhuana, explicó Cavero.
Más reparos
El miércoles, Salhuana aseguró que su gestión como titular en el Legislativo quiere ser “sumamente receptiva a la ciudadanía, a la opinión de los diversos sectores políticos y la opinión de los expertos que han emitido sus puntos de vista”.
Y, por cierto, hay quienes han mostrado sus reparos frente a este tema y que no podrían ser calificados, en ninguna circunstancia, de antifujimoristas.
Por ejemplo, José Cueto (Honor y Democracia) dijo estar de acuerdo con la suspensión en tanto se hagan las consultas legales. Héctor Acuña, de la misma bancada, también planteó algo parecido. Desde el campo del derecho, el abogado Natale Amprimo ha escrito en una columna de opinión que “la restitución de la pensión a Fujimori resulta claramente ilegal” y que la Mesa Directiva del Parlamento “no puede ponerse de costado”.
La Ley 26529 establece que los expresidentes constitucionales “gozarán de una pensión equivalente al total de los ingresos de un Congresista en actividad” pero que quedará suspendida si contaran con una acusación constitucional, salvo que el Poder Judicial los declare inocentes.
En el caso de Fujimori, distintos especialistas han advertido que sus condenas se mantienen vigentes y que el indulto solo le ha permitido abandonar la cárcel. Las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) pidieron que se deje sin efecto la medida. Luque, en una carta dirigida a Salhuana, recordó que Pedro Castillo también solicitó dicho beneficio y fue rechazado. “De modo que no se entiende cómo en el caso de un sentenciado por varios delitos como A. Fujimori sí resulta procedente”, añadió Luque en su comunicación.
Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) envió una carta al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para que el Ministerio Público inicie formalmente una investigación “respecto de los actos administrativos” que derivaron en la emisión de la resolución que concedió la pensión vitalicia a Fujimori. “Elaborar documentos administrativos con información inexacta o tendenciosa, tiene consecuencias legales, sobre todo si se usan para generar gasto estatal”, advirtió.
