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Política

Piden a la Procuraduría informar sus acciones legales para cobrar la reparación civil de Alberto Fujimori

Vale precisar que Alberto Fujimori debe pagar al Estado peruano alrededor de 57.000.000 de soles tras ser sentenciado por delitos por lesa humanidad.

Alberto Fujimori salió de prisión en diciembre de 2023. Foto: composición LR / Andina
Alberto Fujimori salió de prisión en diciembre de 2023. Foto: composición LR / Andina

El congresista de la República, Héctor Acuña, anunció que ha solicitado a la Procuraduría General del Estado información sobre las acciones legales que se han iniciado contra el expresidente Alberto Fujimori respecto a la reparación civil impuesta en su contra.

En ese sentido, el parlamentario requirió esta acción con carácter de urgencia sobre las acciones que la mencionada institución viene realizando para el cobro de aproximadamente 57.000.000 de soles al ser sentenciado años atrás por el Poder Judicial.

"Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y, en cumplimiento de mis deberes funcionarios, solicito se sirva remitir un informe en el que se detallen las acciones legales adoptadas por parte de la Procuraduría General del Estado, respecto al cobro de la reparación civil impuesta al expresidente Alberto Fujimori, en el marco de los casos en los que fuera sentenciado por el Poder Judicial (...) Al respecto, como es de su conocimiento, el expresidente mantiene pendiente el pago de reparación civil a favor del Estado peruano por la suma de S/ 57 millones de soles", se lee en la primera parte del documento emitido por el congresista Acuña.

Congresista acuña anunció mediante su cuenta de X que pidió información a la titular de la Procuraduría respecto al caso de Alberto Fujimori. Foto: Héctor Acuña- X.

Congresista acuña anunció mediante su cuenta de X que pidió información a la titular de la Procuraduría respecto al caso de Alberto Fujimori. Foto: Héctor Acuña- X.

Información deberá ser remitida al despacho del congresista Héctor Acuña

El legislador indicó que la información que le pueda ser proporcionada debe ser remitida a su despacho congresal respecto a las medidas adoptadas por la Procuraduría General del Estado, ahora liderada por la abogada María Carhuajulca, luego de que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidiera en mayo del presente año restituirla como la máxima autoridad de la referida entidad.

"En ese sentido, solicito se sirva remitir a mi despacho congresal un informe sobre las medidas adoptadas a la fecha sobre el particular, así como las medidas que tiene previstas adoptar la entidad a su cargo, respecto a la decisión del Congreso de la República de otorgar una pensión al señor Alberto Fujimori en el marco de la Ley 26519, Ley que establece Pensión para expresidentes constitucionales de la República, tal como ha trascendido en los distintos medios de comunicación", se indica.

Asimismo, Acuña Peralta sostuvo que este pedido se sustenta conforme a lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 87 del Reglamento del Parlamento Nacional.

Procuraduría podría embargar pensión vitalicia de Alberto Fujimori, según especialistas.

El abogado penalista Andy Carrión consideró que la decisión del Congreso es ilegal, pues el indulto otorgado a Fujimori por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y ratificado recientemente por el Tribunal Constitucional en el 2023, solo extingue la pena pero no anula las sentencias en su contra (por las muertes en Barrios Altos y La Cantuta).

Por esto, el especialista indicó que la mensualidad debería ser destinada al pago de la reparación civil que debe. "Él va a recibir mensualmente 15 mil 600 soles. Lo que puede hacer la Procuraduría es embargar o solicitar el embargo de estas cuentas mensuales que él recibe para que vaya al cumplimiento de la reparación civil", dijo a Exitosa.

De la misma forma, el exprocurador José Ugaz respaldó el sustento legal que impide al líder de Cambio 90 recibir más de S/15.000 al mes. "Es un exfuncionario público legalmente indigno y, por lo tanto, no cabe que el Estado le reconozca ningún derecho que por ejercicio del cargo pudo haber tenido o tiene quien ha cumplido con su función sin defraudar al Estado", explicó.