Caso Rosalino Flórez: PJ ordena la primera prisión preventiva por represión de Policía en protestas
Se trata de la primera disposición de detención por la represión ejercida por la Policía y el Ejército. Disposición es de prisión por 18 meses.
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El Poder Judicial ordenó esta tarde la detención y prisión preventiva del miembro de la Policía Nacional Joe Erik Torres Lovón, quien es señalado como presunto responsable directo de la muerte del ciudadano Rosalino Flórez Valverde (22 años), durante las protestas sociales en Cusco.
La decisión fue adoptada por Leodan Cristóbal Ayala, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Penal de Justicia, durante una audiencia virtual en la que se presentó el mencionado miembro de la Policía, aunque con un nombre de usuario distinto (“Néstor Figuero”).
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El suboficial PNP Joe Erik Torres Lovón tendrá que cumplir prisión por el plazo de 18 meses, mientras el Ministerio Público continúe con la investigación, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado con alevosía, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
La prisión preventiva fue dictada a solicitud de la fiscal Mirela Coronel Molero, integrante del equipo especial del Ministerio Público para casos de víctimas durante las protestas sociales, luego del análisis de documentación y videos que conllevan a establecer que Torres Lovón sería el autor del disparo a corta distancia, con una escopeta de perdigones.
El ciudadano peruano Rosalino Flórez Valverde (22 años) fue precisamente una de las víctimas de la represión durante las protestas en Cusco. El 11 de enero del 2023 recibió una ráfaga de perdigones en el tórax en inmediaciones de la avenida 28 de julio, en el distrito de Huanchac. Producto de las heridas, el 22 de marzo falleció en el hospital Loayza.
A un año de las protestas sociales y los crímenes cometidos por la Policía y el Ejército contra 49 ciudadanos y menores de edad, esta es la primera prisión preventiva que la justicia dicta contra uno de los presuntos responsables directos.
Complicidad policial
Durante la audiencia de ayer, el juez Leodán Cristóbal Ayala dio cuenta de una serie de hechos que representan prácticas de obstrucción para el esclarecimiento de los hechos, por parte de la institución policial.
Por un lado, la VII Macro Región de la PNP en Cusco no ha cumplido con elaborar el informe correspondiente sobre los disparos acaecidos contra Rosalino Flórez Valverde, tal como exige la norma.
Asimismo, hubo ocultamiento de información sobre la participación de la Subdivisión de Acciones Tácticas (SUAT), en los paraderos 2 y 3 de la avenida 28 de Julio en Huanchac.
La institución policial también omitió mencionar que el investigado Torres Lovón participó en la represión del 11 de enero. Por otro lado, hubo alteración de la fecha de devolución de la escopeta perdigonera.
Finalmente, la Policía negó el acceso a información a la Fiscalía, por lo que fue necesaria una orden judicial para avanzar con el proceso.
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