Expertos alertan que acciones del Congreso serían inconstitucionales
Congresistas sin argumentos sólidos. Especialistas coincidieron en que apelar a la sentencia 003-2022-TC para desacatar orden judicial no tiene sentido.
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Hay enormes deficiencias legales en el ataque parlamentario contra el Estado de derecho, coinciden conocedores del tema constitucional. Como se sabe, el Congreso señaló que continuarían con la votación para destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
La noche del martes, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que dicho poder del Estado proseguiría con el proceso sumario contra los 7 integrantes de la JNJ, apelando a la sentencia 003-2022-TC como argumento legal al desacato congresal. Otros congresistas, como Patricia Chirinos (Avanza País), también recurrieron a esta sentencia como jurisprudencia que establecería “competencias exclusivas y excluyentes” al Congreso. A dicho argumento se sumaron algunos abogados, como el expresidente del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, usando artículos aislados de la misma sentencia dictada por los actuales magistrados del TC para apoyar y explicar el anuncio de desacato de los parlamentarios.
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Sin embargo, algo que olvidan congresistas y abogados aliados es que un principio fundamental del derecho es que resoluciones judiciales y sentencias jurisdiccionales se deben leer de manera conjunta. No es lícito, para la interpretación legal, escoger artículos separados de un documento y usarlos según el interesado.
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La República buscó a especialistas en los ámbitos constitucional y penal, y también procesalistas, para preguntarles sobre la legalidad de las acciones y argumentos del Congreso para continuar con el golpe contra la JNJ. La expresidenta del TC, Marianella Ledesma, señaló que hay un debido proceso, el cual está protegido por la misma sentencia. “Aquí hay un proceso sancionador, no una elección. En la jurisprudencia siempre se debe velar por el debido proceso. El fundamento 42 establece que el control jurisdiccional se puede aplicar cuando se afectan derechos del debido proceso. Y este es el caso. Si el Congreso continúa con el proceso, legalmente tiene valor nulo”, aclaró Ledesma.
También el Dr. Roberto Pereira sostuvo que si los parlamentarios desacatan la medida, sería inconstitucional. “Estarían desobedeciendo una orden judicial, afectando competencias del Poder Judicial y afectando el derecho a la legalidad sancionadora y de defensa de los miembros de la JNJ”.
Por su parte, la exministra de Justicia, Ana Neyra, precisó la obligación del Congreso de la República para obedecer al Poder Judicial. “Es obligatorio cumplir con los fallos que emite el Poder Judicial (al margen de coincidir o discrepar con ellos); es una garantía de la función jurisdiccional, de la potestad de impartir o administrar justicia, y de los controles antes mencionados”, señaló Neyra.
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El exprocurador y experto penalista, César Azabache, afirmó que “en este caso la judicatura ha tenido el cuidado de no cuestionar las competencias constitucionales”.
Barrios pide
Consejo de Estado. La expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, pidió a la presidenta Dina Boluarte que se convoque urgente al Consejo de Estado. Solicitó “encontrar caminos comunes de solución a esta crisis que nos afecta a todos los peruanos y peruanas”.
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