Cuestionan el contrato de Defensa con Rímac Seguros

Sin licitación, empresa ganó un contrato y dos renovaciones por US$ 50 millones para asegurar a las Fuerzas Armadas. Dos ex funcionarios del Ministerio de Defensa dicen que hubo irregularidades en gestión de ministros Aurelio Loret de Mola y Roberto Chiabra Antes de fines de junio, la Comisión de Fiscalización emitirá su informe final sobre el polémico contrato de US$ 50 millones con Rímac Seguros. Haga click en la imagen para ver acusaciones y defensa. Datos 1. COSTOS. Por el último accidente que protagonizó una aeronave LET-410 del Ejército en Pisco, el pasado 28 de abril, Rímac Seguros indemnizará al Ministerio de Defensa con 1 millón 495 mil dólares.2. CIFRAS. Rímac desembolsará 300 mil dólares por el avión y 115 mil dólares por cada uno de los 13 pasajeros y tripulantes fallecidos. Sumados a otros accidentes, en lo que va de 2005 ha pagado US$ 1 millón 995 mil. FISCALIZACIÓN • Sin licitación empresa ganó un contrato y dos renovaciones por US$ 50 millones para asegurar a las FFAA. • Dos ex funcionarios del Ministerio de Defensa dicen que hubo irregularidades en gestión de ministros Aurelio Loret de Mola y Roberto Chiabra. Ángel Páez. Unidad de Investigación. La contratación de la póliza de seguros para las Fuerzas Armadas, una de las operaciones más cuantiosas del gobierno, se encuentra bajo sospecha. El Ministerio de Defensa ha pagado 50 millones 467 mil dólares por el seguro para el periodo 2003 al 2006. Es un caso que no ha merecido atención, a pesar de la magnitud del monto involucrado y porque relaciona a la segunda proveedora privada del Estado más significativa: la compañía Rímac Seguros, del Grupo Brescia. El caso lo ventila, entre sesiones secretas y públicas, la Comisión de Fiscalización, que ha encontrado razones para indagar a fondo el cuantioso contrato: dos ex altos funcionarios del Ministerio de Defensa han denunciado presuntas irregularidades en la operación. Uno es el ex jefe de la Oficina de Control Intstitucional, general EP Felipe Gutiérrez Rodas. El otro es el ex viceministro de Asuntos Administrativos y Económicos Richard Martin Hidalgo. El primero sostiene que debió someterse a licitación la contratación de la póliza de seguros, en 2003; el segundo afirma que la renovación de 2004 no fue legal. El ex ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola suscribió el contrato el 19 de febrero de 2003 y autorizó la primera renovación el 25 de noviembre del mismo año. El actual titular del sector, Roberto Chiabra León, aprobó la segunda renovación el 17 de diciembre de 2004. En ningún caso se procedió a una licitación. Quién ganó, quién perdió Pero tanto Loret de Mola como Chiabra, en sus respectivas presentaciones, uno en audiencia pública y el otro en una reservada, sostuvieron que la operación original y las renovaciones se ajustaron a ley, y que en ningún caso se abonaron comisiones porque así está expresado en el contrato. Defensa ha desembolsado 50 millones 467 millones de dólares a Rímac Seguros, y hasta el momento ha obtenido en indemnizaciones alrededor de 14.5 millones de dólares (la segunda renovación del contrato vence en diciembre de este año). Para Loret de Mola y Chiabra, la contratación de seguros en bloque para los tres institutos armados, y no por separado como era antes, ha resultado beneficiosa para el Ejército, la Marina y la FAP. La Comisión de Fiscalización investiga si Seguros Rímac ha recibido algún tipo de ventaja. Sumas y restas En su exposición, Loret de Mola argumentó, sustentándose en informes técnicos, que en 2003 las condiciones del mercado no eran las propicias para convocar una licitación con la finalidad de contratar una póliza de seguros, porque al final el Estado iba a pagar un elevado costo. Y que para garantizar la transparencia de la adquisición, encargó el proceso de selección a la Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS). Ganó la propuesta de Rímac Seguros, dijo, porque representaba para el ministerio un ahorro de 3 millones de dólares. El contrato firmado por Loret de Mola incluye una cláusula de renovación hasta en dos ocasiones, pero siempre que la empresa proveedora ofrezca mejores ventajas económicas y técnicas para el Ministerio de Defensa. Durante su gestión aplicó la primera renovación, alegando que Rímac Seguros ofreció más ventajas. La segunda renovación le correspondió al ministro Roberto Chiabra, quien indicó que lo hizo porque la compañía mejoró las condiciones en beneficio de los institutos armados. Sobre la mesa Lo cierto es que Rímac, sin los rigores de la licitación ni los calores de la competencia, obtuvo 50 millones 467 mil dólares por un contrato suscrito en 2003 y renovado hasta 2006. Dos ex funcionarios del Ministerio de Defensa han declarado que se registraron serias irregularidades en la operación. El 11 de noviembre de 2004, el jefe del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Defensa, general EP Felipe Gutiérrez Rodas, entregó un informe de auditoría que elevó al despacho del ministro y a la Contraloría. Reportó presuntas irregularidades en la contratación de la póliza para las Fuerzas Armadas. El documento agarró de salida a Loret de Mola, quien fue reemplazado en diciembre por Chiabra. El nuevo ministro constituyó un comité para que indagara lo investigado por Gutiérrez Rodas, bajo el mando del viceministro Juan Morante Bardelli. Resultado, la comisión de Morante confirmó algunos de los hechos consignados por Gutiérrez. Pero ni el informe de este ni el que hizo el viceministro, que señalaban supuestas deficiencias en el contrato y en la primera renovación del mismo autorizadas por Loret de Mola, impidieron que Roberto Chiabra diera luz verde a la segunda renovación. La defensa de Chiabra es que el tres de diciembre de 2004, catorce días antes de que se firmara con Rímac Seguros la segunda renovación del contrato, la Contraloría dejó “en suspenso” el informe del jefe del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Defensa, general Felipe Gutiérrez. Disparando a los pies Para la Contraloría, el reporte de Gutiérrez tenía “atingencias técnicas en su contenido”, por lo tanto sometió el informe a un proceso de revisión y evaluación. Justo el pasado 20 de mayo, resolvió que sea reformulado. Es decir, cinco meses después de la firma de la segunda renovación de contrato. Dos ex viceministros de Asuntos Administrativos y Económicos de Chiabra, Alberto Otárola Peñaranda, quien trabajó primero con Loret de Mola, y Richard Martin Hidalgo, cuestionaron a Chiabra ante la Comisión de Fiscalización, en relación con la renovación del contrato con Rímac. Chiabra despojó del manejo del tema de los seguros a Otárola y luego lo despidió. Su reemplazante, Richard Martin, relató que el director de Administración, Juan Tisza Astete, firmó el contrato de la segunda renovación sin contar con estudios técnicos y sin su autorización. “Todo lo hicieron Chiabra y Tisza”, indicó en sesión secreta de Fiscalización. Martin afirmó también que “yo pedí que en el contrato se pusiera una cláusula indicando que no se pagaran comisiones y nunca la pusieron”. A su turno, Loret de Mola, Otárola y Martin expresaron a la Comisión de Fiscalización sus dudas sobre la transparencia de la segunda renovación. La investigación recién comienza. Loret de Mola: “Ahorré US$ 3 millones” El ex ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola expresó que para la firma del contrato y la primera renovación del mismo con Rímac Seguros “se cumplieron rigurosamente con todas las exigencias de la ley y más todavía, porque se contrató por concurso a una empresa especializada para que nos asesorara”. Indicó que en todo momento intervinieron los representantes de los institutos castrenses, además de la Contraloría y Consucode, y que el proceso lo llevó UNOPS. El mismo organismo opinó a favor de la segunda renovación. Loret de Mola señaló que, cuando se retiró del ministerio, pidió a su viceministro de Asuntos Administrativos, Alberto Otárola, que ayudara con el tema de seguros a su sucesor Roberto Chiabra. Dijo que, sin embargo, hubo una maniobra para deshacer la contratación de seguros en conjunto para las Fuerzas Armadas, y retornar a la tradicional modalidad de contratos por cada instituto. Y que para dicho objetivo, se habría presionado al jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Defensa, general Felipe Gutiérrez Rodas. En 2002, cuando cada instituto abonó su propio seguro, en total desembolsaron 19.8 millones de dólares, y que con el primer contrato en conjunto, que durante su gestión suscribió, se obtuvo una cifra de 16.8 millones de dólares. “Se ahorró 3 millones”, dijo. “El contrato fue concebido para que se hagan ahorros significativos en beneficio de las Fuerzas Armadas”, indicó Loret de Mola: “No sé cómo se habrá hecho este año. Tengo entendido que se quiso hacer una licitación, pero luego se renovó por segunda vez. Si es así, entonces se deben haber asegurado mejores ventajas técnicas y económicas”. “Tuve autorización para renovar contrato” El director de Administración del Ministerio de Defensa, Juan Tisza Astete, quien suscribió la segunda renovación del contrato con Rímac Seguros, admitió que se consideró la convocatoria a licitación. Pero que por cuestiones técnicas y económicas, resultaba más conveniente la opción contemplada en el contrato original. También aceptó que había un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) que detectó irregularidades en el contrato, pero que lo dejó en suspenso la Contraloría, que hasta el momento sigue evaluando el reporte. Preguntado por qué firmó la segunda renovación del contrato, si no contaba con la autorización del entonces viceministro Richard Martin, Juan Tisza sostuvo que contaba con el visto bueno del ministro Roberto Chiabra, y que en todo momento Martin estuvo informado del proceso. “La versión de Martin ante el Congreso no corresponde a la verdad”, dijo. “Es un contrato singular y anómalo” Para el presidente de la Comisión de Fiscalización, Javier Velásquez Quesquén, la modalidad de contratación de Rímac Seguros es “singular, anómala, irregular”, porque se favorece a la compañía privada antes que a los institutos castrenses, “y eso es lo que indican las cifras”. Velásquez sostiene que no hay justificación para que no se haya licitado la contratación de los seguros de manera corporativa y no individual. “El contrato original contiene una cláusula para renovación hasta en dos ocasiones, lo que ha permitido que se amarre a la misma empresa entre 2003 y 2006, lo que es totalmente inaudito, por decir lo menos”. Señaló también que desde el principio la empresa incumplió con el contrato, y no obstante que el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Defensa reportó irregularidades, “se prosiguió con el contrato como si nada hubiera pasado”.

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