Aldo Bravo asegura que presentará su proyecto antiprensa más adelante: "El retiro es por mi interés de reservar la propuesta"
El diputado de Renovación Popular retiró la iniciativa que planteaba penas de hasta seis años de prisión por presunta apología al delito y que había sido cuestionada por gremios periodísticos por su ambigüedad.
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El diputado Aldo Bravo, miembro de la bancada de Renovación Popular, indicó que presentará más adelante el proyecto de ley que creaba el delito de apología al delito durante protestas sociales. Según Bravo, la razón por la que retiró la iniciativa es que considera que el momento no era adecuado para presentarla.
"La solicitud de retiro del proyecto ‘Anti Ríos de Sangre’ se efectuó el pasado 24 de agosto con RU 8697-CD. Y quiero ser claro: el retiro no se efectúa por presión de nadie, sino por mi interés de reservar la propuesta para otro momento. No ahora, que el Perú nos necesita trabajando por las crisis, tarea que nos involucra a todos", señaló a través de su cuenta de X.
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El mensaje de Bravo llegó como respuesta luego de que la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) advirtiera que, pese a que se había anunciado el retiro del proyecto, este todavía figuraba en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El retiro se hizo oficial minutos después de ese aviso.
El proyecto de ley buscaba establecer penas de entre cuatro y seis años de prisión para quienes, mediante medios de comunicación, plataformas digitales o manifestaciones, promovieran o justificaran el uso de explosivos u otros medios que afecten la vida o seguridad de las personas o del Estado. Además, modificaba el artículo 46 para agravar la pena cuando la conducta proviniera de comunicadores, influencers, funcionarios o dirigentes políticos. Aunque señalaba que no buscaba criminalizar la opinión, no definía con claridad qué debía entenderse por 'promoción', lo que dejaba margen a la interpretación de las autoridades.
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'El riesgo sigue latente'
Ante el anuncio de Bravo, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Laínez, señaló a La República que, frente a esta amenaza, buscarán mantenerse alertas a las acciones que tome el representante de Renovación Popular durante las próximas semanas en relación con la libertad de prensa.
"El riesgo sigue latente. Si bien es cierto que ha retirado el proyecto de ley, el diputado deja la amenaza velada de que esto es una pausa y que, en cualquier momento, podría revivir esta iniciativa. Lo que queda es estar vigilantes a la actuación del diputado Bravo, para ver cuál será su posición sobre las libertades informativas. La advertencia queda y, en cualquier momento, podría presentar un proyecto contra las libertades como este o cualquiera similar", sostuvo.
Laínez también señaló que la coordinación con diversos gremios periodísticos se mantiene: "Hasta ahora, esto de ‘voy a presentar en cualquier momento’ puede ser hoy o en tres años. Siempre la ANP y otros gremios estamos presentes, atentos y articulados ante cualquier iniciativa que vaya contra las libertades informativas. Así que vamos a seguir vigilantes frente a cualquier proyecto que vaya en esa dirección".
Un proyecto rechazado por los gremios periodísticos
En diálogos anteriores con este medio, Laínez ya había señalado los peligros de este proyecto de ley para periodistas y comunicadores. A su juicio, los términos utilizados y la poca delimitación de la iniciativa evidencian sus riesgos.
"El proyecto tiene riesgos importantes para las libertades informativas y el ejercicio de la actividad periodística. Lo primero es que usa categorías muy abiertas. El proyecto habla, desde el título, de que lo propuesto entra en contextos de crisis política. Cualquier analista te diría que los últimos años han sido una crisis política. Eso abre la ventana a que lo cotidiano se convierta en una circunstancia para aplicar una ley de estas características. Hay regiones con conflictos sociales permanentes. Perseguir la incitación a la violencia no está mal, pero este proyecto incorpora una serie de agravantes y deja demasiado margen para que los fiscales, policías y jueces puedan interpretar como delito actividades periodísticas puntuales", indicó a La República.
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Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, también había indicado que la constante presentación de proyectos de ley de estas características mantiene en vilo el ejercicio periodístico.
"No es la primera vez que, bajo el argumento de preservar la seguridad interna, el Congreso propone alternativas que pueden terminar restringiendo la libertad de prensa y de expresión. La preocupación reaparece ahora con este proyecto, que propone que se penalice la ‘apología al delito’ como si el periodismo fuera motivador de estos delitos. Justamente en crisis y conflictos sociales, el periodismo tiene la tarea de informar a la ciudadanía sobre posibles delitos. Una norma tan arbitraria como esta podría llevar a que la difusión sea interpretada como una forma de apología", señaló a este medio.
























