Diputado de Renovación Popular expone datos de una paciente que solicitó un aborto terapéutico

El diputado de Renovación Popular, Christian Aranda, expuso en su cuenta de X (antes Twitter) los datos de una ciudadana que solicitó una presunta interrupción terapéutica del embarazo (aborto terapéutico) en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay.

La exposición se dio en un oficio enviado al centro de salud en el que solicitó "información y verificación de cumplimiento de requisitos legales y médicos" sobre el procedimiento médico.

A pesar de que el congresista se pronunció y señaló que no ha publicado la identidad ni datos personales de la paciente, el periodista Cristian Rebosio compartió el documento, en el que se omiten los datos de la ciudadana, y contrastó con la versión del legislador.

"No mienta, congresista. Esta fue la imagen que subió y ahí, donde yo tapé, estaba el nombre de la mujer. Lo subió sabiendo que hay grupos de fanáticos religiosos que podrían acosarla. No deja de sorprender la maldad que tienen los de Renovación Popular", mencionó el comunicador.

Tras los cuestionamientos, el representante de la Cámara de Diputados por Arequipa precisó que el propósito de su actuación no es acceder a información clínica confidencial ni intervenir en la decisión médica de una paciente. "Ante una denuncia que llegó a mi despacho, consideré necesario ejercer mi función de fiscalización y poner énfasis en que cualquier procedimiento debe realizarse cumpliendo estrictamente las condiciones establecidas por la legislación y los protocolos sanitarios vigentes", justificó.

"Fiscalizar es velar por el cumplimiento de la ley, respetando siempre la privacidad, las competencias de los profesionales de la salud y los derechos de las personas", dijo.

El oficio del congresista de Renovación Popular

En el cuestionado documento por diversas organizaciones y abogadas, el parlamentario mencionó que le llegó una denuncia a su despacho sobre una intervención programada a una mujer con 20 semanas de gestación. En ese contexto, Aranda sostuvo que "la gravedad de los hechos exige que cualquier actuación médica vinculada a la interrupción de embarazo sea sometida al más estricto cumplimiento del marco legal, los protocolos médicos aplicables y las garantías que correspondan tanto a la gestante como a la vida humana en gestación".

El congresista argumentó que "el procedimiento CIE 10:O04 contempla la interrupción del embarazo menor de 22 semanas únicamente bajo los supuestos establecidos y cuando constituya el medio necesario para salvar la vida de la gestante o evitar un daño grave".

Por ese motivo, dispuso que el hospital le informe documentadamente sobre la evaluación médica integral realizada a la paciente, incluyendo el diagnóstico objetivo que sustente la existencia de una condición que haga la interrupción del embarazo el único medio para salvar su vida o evitar un daño grave y permanente a su salud.

Además, pidió información sobre los informes, exámenes y demás elementos médicos que sustenten dicha conclusión, "dejando constancia de los criterios clínicos utilizados para determinar la procedencia del procedimiento".

Asimismo, solicitó información sobre la junta médica, sus integrantes, especialidades y participación efectiva en la evaluación del caso; la constancia de orientación y consejería a la paciente; la constancia de consentimiento informado y que haya sido otorgado de manera libre, expresa, voluntaria e informada; el registro completo y cronológico de todas las actuaciones realizadas en la historia clínica; el protocolo, guía o disposición normativa específica bajo la cual el establecimiento de salud pretende sustentar la eventual realización del procedimiento.

Por otro lado, Aranda advirtió con poner de conocimiento al Ministerio Público en caso de que se haya autorizado la intervención "sin contar con el debido sustento médico".

"Como diputado de la República, reafirmo mi deber de ejercer una fiscalización firme sobre cualquier actuación de los establecimientos públicos de salud que pueda comprometer derechos fundamentales y, particularmente, la protección de la vida humana desde la concepción", expresó en su oficio.

Abogadas y organizaciones cuestionan al congresista Aranda

A través de su cuenta de X, la abogada Josefina Miro Quesada afirmó que el aborto terapéutico es legal en el Perú. En esa línea, cuestionó al congresista por "creer estar por encima de la ley" y señaló que su pedido es "casi imposible".

"No es posible que cada procedimiento para preservar la vida/salud de una gestante tenga que ser obstruido así. Dejen de meterse con cuerpos ajenos (...) El pedido es ilegal. Los datos personales de la gestante son confidenciales y están protegidos por la Constitución y la ley. Los médicos están obligados a no revelar info clínica por el secreto profesional (violarlo es delito). El aborto terapéutico es un derecho. Infórmense", explicó.

Por su parte, la organización Las Tejedoras rechazó la intromisión política en las decisiones médicas y la vulneración de la confidencialidad de las pacientes.

"Aunque el nombre de la paciente haya sido posteriormente retirado, consideramos que el hecho no puede pasar inadvertido (...) La información sobre la salud de una persona es confidencial y debe ser protegida. Ninguna autoridad política puede utilizar su posición para exponer a una paciente, cuestionar públicamente decisiones que corresponden al ámbito médico o generar presiones sobre profesionales de salud en el ejercicio de sus funciones", manifestó.

En esa sintonía, la organización mostró su preocupación debido a que "representantes del Congreso pretendan convertir situaciones médicas individuales en escenarios de confrontación política". Alertó que este tipo de intervenciones "puede vulnerar derechos, afectar la autonomía profesional del personal de salud y generar temor en los servicios encargados de garantizar prestaciones reconocidas por la ley".

"La función parlamentaria no otorga autoridad para interferir en actos médicos ni para vulnerar la privacidad y dignidad de las personas".

En tanto, la congresista de Ahora Nación, Ruth Luque, confrontó a su colega por su accionar y recalcó que la fiscalización parlamentaria "no puede convertirse en un mecanismo de presión sobre los profesionales de la salud ni en un juicio anticipado sobre la situación de salud de una mujer".

"Toda intervención relacionada con la salud y la vida reproductiva de una mujer debe ser evaluada con estricto respeto a la Constitución, los protocolos médicos y los derechos fundamentales. La fiscalización no puede ser usada para desconocer los derechos de las mujeres, ni buscar estigmatizarlas, menos amedrentar la función de los profesionales de la salud", enfatizó.