Ante fallo del PJ: científicos y pescadores piden prohibir la pesca industrial en reservas marinas
La Primera Sala Constitucional pronto se pronunciará sobre una demanda de acción popular contra una disposición que habilite la extracción masiva de especies marinas en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca. La decisión judicial será determinante en materia de áreas de protección.
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Faltando pocos días para el pronunciamiento de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, ante una demanda de acción popular contra una norma que permite la pesca industrial en la Reserva Nacional Dorsal de Nasca (Ica), científicos y pescadores artesanales unieron sus voces para pedir a los jueces que no se permita la violación de las Áreas Naturales Protegidas.
Destacados investigadores nacionales e internacionales suscribieron un memorial en el que advierten que consentir la pesca industrial en las zonas marítimas protegidas es una grave contradicción a los principios de conservación, en alusión al Decreto Supremo N°008-2021-MINAM, que creó la Reserva Nacional Dorsal de Nasca. Esta misma norma, publicada el 5 de junio de 2021, también franquea actividades de pesca industrial en la zona marítima protegida
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De la decisión de la Primera Sala Constitucional compuesta por los jueces Oswaldo Ordóñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzáles y Bacilio Cueva Chauca, dependerá no solo el futuro de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, sino que sentará un precedente crucial para otras reservas amenazadas, como Paracas (Ica) y el Mar Tropical de Grau (Piura).
Sorprendentemente, al mismo tiempo que el Ejecutivo dispuso la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nasca, que consiste en la protección de más de 62 kilómetros cuadrados de área marítima ubicados frente a la costa de la región Ica, en la misma norma se permite la pesca industrial.
La propuesta de zonificación vertical, que autoriza la pesca industrial en los primeros 1.000 metros de profundidad, es descrita por los científicos como un “despropósito” que fragmenta el hábitat y pone en riesgo a especies vulnerables como tortugas, mamíferos marinos y aves.
La evidencia científica es categórica: el océano es un ecosistema tridimensional, y proteger solo el fondo marino no garantiza la salud del ecosistema en su totalidad.
Los pescadores artesanales, en sintonía con la comunidad científica, también han expresado preocupación por la decisión de la Primera Sala Constitucional.
Señalan que la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), gremio empresarial de los pescadores industriales, pretende desconocer la regulación que prohíbe desde hace más de 20 años las faenas de extracción de especies en las reservas protegidas
Para los hombres de mar, la integridad de las Áreas Naturales Protegidas es vital, ya que funcionan como “semilleros” que permiten a los peces crecer y luego desplazarse, beneficiando a la pesca en todo el mar peruano.
Dejar estas áreas desprotegidas pone en peligro no solo el sustento de miles de familias, sino también la sostenibilidad de los recursos para las futuras generaciones, señalan en un comunicado.
Un fallo con implicaciones nacionales
La controversia se intensificó después que la organización Oceana interpuso una demanda de acción popular que busca anular el Artículo 5.2 del Decreto Supremo N° 008-2021-MINAM.
Señala en la demanda que la norma es inconstitucional e ilegal porque autoriza la pesca industrial en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, ubicada frente a las costas de Ica. La organización argumenta que el dispositivo vulnera el derecho a un ambiente sano y contradice compromisos internacionales de conservación.
El debate jurídico se centra en la interpretación de los "derechos adquiridos". Mientras el Estado defiende que los permisos de pesca son un derecho inalienable de la industria, Oceana sostiene que estos son simplemente habilitaciones administrativas y que el Estado tiene la potestad de regularlos para proteger los recursos marinos.
En esta línea, la resolución de la Primera Sala Constitucional tendrá un impacto directo en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), y podría sentar un precedente que afecte a la Reserva Nacional de Paracas.
La Sociedad Nacional de Pesca (SNP) también ha presentado una demanda para obtener permisos de pesca industrial.
Los jueces de la decisión final
La Primera Sala Constitucional, a cargo de resolver la demanda de acción popular, está compuesta por los magistrados Oswaldo Ordóñez Alcántara, Andrés Tapia Gonzáles y Bacilio Cueva Chauca.
El presidente de la Sala, Oswaldo Ordóñez Alcántara, cuenta con una larga y consolidada trayectoria, destacándose su liderazgo en la Asociación Nacional de Magistrados del Perú y su profundo conocimiento del marco legal.
En tanto, Andrés Tapia Gonzáles, Juez Superior Titular, ha participado en casos de alto perfil, lo que subraya la importancia de su rol en una decisión que contrapone la protección ambiental con los intereses económicos.
El tercer magistrado, Bacilio Cueva Chauca, ha intervenido en sonados procesos judiciales. Pero también ha sido mencionado en investigaciones en curso.
Reportes científicos preocupantes
El llamado urgente de pescadores y científicos coincide con la difusión de un informe de la agencia internacional Reuters sobre la alarmante situación de la fauna marina en el Pacífico peruano. Científicos de la costa central advierten que el cambio climático, las enfermedades y la sobrepesca están diezmando a las poblaciones de aves guaneras, leones marinos y pingüinos.
Según la investigación, la población de aves guaneras ha caído en más de tres cuartas partes en los últimos tres años, pasando de 4 millones en 2022 a unas 500,000 en 2025.
La directora del Centro de Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, Susana Cárdenas, expresó su "profunda alarma" por esta disminución drástica, que pone en peligro a estas especies consideradas vitales para el ecosistema y la producción de guano, un fertilizante natural.
La crisis se atribuye a una combinación de factores: un brote de gripe aviar en 2022, el fenómeno de El Niño en 2023, que alteró los ecosistemas, y la sobrepesca de anchoveta en 2024, que privó a estas especies de su principal fuente de alimento.
Pese a que las autoridades aumentaron la cuota de captura de anchoveta en abril, los biólogos insisten en que las poblaciones no son lo suficientemente grandes para sustentar tanto la pesca industrial como a la fauna marina.
