Fiscalía incauta inmuebles valorizados en más de 600.000 dólares vinculados a Jorge Barata por caso Odebrecht
Las diligencias comprenden departamentos, estacionamientos y depósitos en San Isidro, con la finalidad de recuperar bienes vinculados a actos de corrupción.
- TC declara infundadas demandas contra Ley que prescribe delitos de lesa humanidad y pone en riesgo que jueces puedan inaplicarla
- Alfredo Barnechea es el candidato de Acción Popular tras imponerse a Julio Chávez en medio de cuestionamientos por fraude
La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima está realizando la diligencia de incautación de cuatro inmuebles valorizados en US$613.000. Las propiedades se encuentran registradas a nombre de Daniela y Gabriela Simoes Barata, hijas del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. La diligencia fiscal contra los inmuebles empezó a las 10.30 a.m. en San Isidro, en cumplimiento a un mandato judicial por tratarse de bienes que tendrían origen ilícito y vinculados al caso Odebrecht.
La orden judicial se emitió tras confirmar que Barata transfirió estas propiedades en 2018, cuando negociaba su acuerdo de colaboración eficaz con las autoridades peruanas. La incautación se enmarca en las medidas de extinción de dominio que permiten recuperar activos relacionados con delitos de corrupción y lavado.
TE RECOMENDAMOS
DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Betssy Chávez lleva 11 días en huelga de hambre y presenta riesgos de paro cardiaco, advierte su abogado
El fiscal provincial a cargo, Renzo Cayro Armejo, declaró a la prensa al término de las diligencias: "Se realizaron con el fin de garantizar la extinción de dominio bajo la hipótesis de que estos inmuebles tendrían origen ilícito", informó. También, indicó que el operativo fue exitoso y que en todo momento se respetó el derecho de los poseedores. "Hemos encontrado inquilinos, pero la Fiscalía ha respetado el derecho de estos (...) Tienen un contrato y se está respetando", dijo. Agregó que esto se resolverá con los funcionarios del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), quienes pasan a ser los administradores.
Asimismo, Cayro aclaró que los recientes cambios a la ley de extinción de dominio no afectaría a este caso porque la indagación patrimonial inició en 2019.
